LA NUEVA CONSTITUCION DE ECUADOR: VARIAS LECCIONES PARA URUGUAY

En los últimos meses, en Uruguay, se ha dicho que es necesario redactar una nueva constitución. Incluso algunos miran a las nuevas constituciones que la izquierda ha promovido en Bolivia, Ecuador y Venezuela. Por lo tanto, sería interesante examinar esos procesos para conocerlos un poco mejor, y considerar con mejores fundamentos si el país está encaminado en esa dirección o no. En la presente nota, publicada en el semanario Voces, se comenta el proceso ecuatoriano, posiblemente el más prolijo y sustancioso de los tres.

El llamado a una Asamblea Constituyente fue una de las promesas electorales de Rafael Correa, quien ganó las elecciones presidenciales en enero de 2007, como cabeza visible de un conglomerado de grupos, movimientos sociales y personalidades. Los primeros meses de la presidencia de Correa fueron tumultuosos hasta que logró controlar al congreso, donde finalmente se aprobó la convocatoria a una constituyente.

El gobierno de Correa junto con el de Evo Morales ejemplifican los casos de ebullición social donde se consideró indispensable una reforma constitucional para viabilizar cambios políticos sustanciales. En cambio, las izquierda en Brasil o Uruguay, asumieron el poder sin postular la necesidad de nuevas constituciones.

La nueva Constitución ecuatoriana fue aprobada en referéndum por el 64% de la ciudadanía, en setiembre de 2008. Es un texto largo, de más de 400 artículos, que presenta una serie de cambios notables que merecen ser analizados con detenimiento.

Otra economía, otro desarrollo

Es oportuno comenzar por las cuestiones económicas ya que ellas son uno de los temas urticantes en la izquierda uruguaya. La Constitución de Ecuador parte de entender el sistema económico como plural (público, privado, y mixto, pero también popular y solidario), y donde el ser humano es su sujeto y su fin. Indica claramente que debe existir una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, y en armonía con la Naturaleza. Se establecen objetivos para la política económica, como por ejemplo asegurar la soberanía alimentaria y energética, incentivar la producción nacional, generar una adecuada distribución del ingreso, impulsar el pleno empleo, promocionar un desarrollo regional equilibrado, y apoyar un consumo social y ambientalmente responsables.

Por lo tanto, el texto reconoce la pluralidad del mercado y apuesta a una economía al servicio de las personas, que consecuentemente usará otros indicadores. Los contrastes con la situación uruguaya son varios, ya que en nuestro país se han enfatizado los aspectos macroeconómicos y se evitaron intervenciones profundas (fue más común apelar a la persuasión), sin atacar las ideas de fondo.

La Constitución ecuatoriana plantea que la “soberanía económica” es parte, junto a otros elementos, de un régimen de desarrollo, y se elabora con bastante precisión sus características. El desarrollo, en la visión ecuatoriana, es el conjunto que vincula los sistemas económicos, políticos, socioculturales y ambientales, y tiene una finalidad bien clara: debe servir al buen vivir, a la calidad de vida de las personas (el sumak kawsay, en la cosmovisión andina). Ese régimen de desarrollo será planificado, y en esta tarea actúan los distintos niveles de gobierno y la ciudadanía. Por ejemplo, se crea un Consejo Nacional de Planificación que dictará los lineamientos y políticas de desarrollo, y que preside el propio Presidente.

En este punto, más de un lector pensará que la constitución ecuatoriana está repleta de sueños y habrá que ver cuáles de ellos realmente se cumplen. Es cierto: hay muchas innovaciones, y varias de ellas enfrentarán enormes resistencias y muchas otras pueden quedar empantanadas. Tampoco faltarán quienes desatiendan esa experiencia debido a un cierto prejuicio uruguayo de superioridad. Pero más allá de eso, el punto que me parece relevante es que en Ecuador se están discutiendo otro tipo de temas, otros problemas, y lo hacen con una enorme vitalidad y pasión. Es necesario preguntarse si en Uruguay nos encontramos discutiendo a fondo cómo debería ser el estilo de desarrollo nacional, qué papel darle a las formas de organización económica popular o cómo poner la economía al servicio de una buena vida para los uruguayos. Pero también debemos mirar con mayor humildad y rigurosidad nuestras propias prácticas; por ejemplo, nuestro Consejo Nacional de Economía, lo más parecido que tenemos a un espacio participativo de discusión sobre el desarrollo nacional, no se está reuniendo. ¿Por qué?

Otros derechos y más participación

Finalmente, la Constitución ecuatoriana ya está en el centro de la atención mundial al haber sido la primera en otorgar derechos propios a la Naturaleza. En efecto, el texto constitucional sostiene que la Naturaleza tiene “derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regulación de sus civlos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”.

Este es una de las innovaciones más notables de la reforma ecuatoriana: los derechos propios de la Naturaleza. En general, casi todos los países latinoamericanos han considerado los temas ambientales dentro de los derechos humanos de tercera generación, sumándolos a los derechos políticos, sociales y económicos. Posiblemente la única excepción es Uruguay, ya que desde nuestra última reforma constitucional el tema ambiental no aparece explícitamente como un derecho, sino en referencia al interés general. En esta cuestión Uruguay está muy atrasado frente a la visión convencional, pero todavía más en relación a la constitución ecuatoriana, que es seguramente la primera en pasar de un sistema de derechos antropocéntrico a una biocéntrico. Asimismo, el reconocimiento de un valor intrínseco en la Naturaleza genera exigencias para ampliar y profundizar la política ambiental, mientras que en Uruguay se ha debilitado.

En la misma línea, la Constitución ecuatoriana avanza mucho en mecanismos reales de participación ciudadana. Mientras que aquí se critica al Defensor del Vecino de Montevideo, el texto ecuatoriano va por más: un Defensor del Pueblo a escala nacional, y hasta un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que vela, entre otras cosas, por el cumplimiento de los derechos.

Debate constitucional

Quien fuera presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador, el economista Alberto Acosta, sostiene que una constitución no crea una sociedad, sino que son los debates, aspiraciones y sueños de la sociedad los que se escriben el texto constitucional. Esta es una de las lecciones sustanciales de la experiencia ecuatoriana: el debate ciudadano, la efervescencia popular y las demandas sociales preceden y alimentan el camino hacia una constituyente.

Publicado en el semanario Voces, No 217, 9 de julio 2009.