REGULANDO EL USO DE BOLSAS PLASTICAS EN URUGUAY: AVANCE, PERO DEBIL

REGULANDO EL USO DE BOLSAS PLASTICAS EN URUGUAY: AVANCE, PERO DEBIL

Las nuevas regulaciones sobre el plástico tienen aspectos muy positivos, como promover productos biodegradables, pero nuevamente los instrumentos económicos son ambiguos.

Los plásticos son una de las principales causas de contaminación a nivel planetario. Muchos países están tomando medidas para controlarlos e incluso abandonar muchos de sus usos, y por lo tanto debe ser bienvenido que Uruguay enfrente el problema.

La situación es más grave de lo que se cree. La producción de plásticos es enorme; las últimas evaluaciones apuntan a que en 2016 se produjeron 396 millones de toneladas métricas. Esto es un fenómeno reciente: la mitad de todo el nuevo plástico sintetizado ocurrió apenas entre 1950 y 2016. Algunos argumentan que ese producto es necesario y tiene muchas utilidades, lo que en parte es cierto. Pero solo en parte, ya que se estima que de todo el plástico producido por el ser humano, casi el 80%, ya son desperdicios; están en rellenos sanitarios, desperdigado en suelos o los ríos y mares. Esto no puede sorprender porque la “vida promedio” del plástico más común, como las bolsas de los supermercados, es de aproximadamente un año. A pesar de estas alarmas, la producción sigue en aumento (al 4% anual desde al año 2000).

Se producen enormes impactos ambientales, tales como la basura urbana, la contaminación de los suelos o del agua. Mucho plásticos terminan en los océanos afectando a buena parte de la vida marina, como peces, tortugas o cetáceos. Cualquiera de estos problemas son muy visibles en Uruguay.

La nueva normativa, aprobada en el parlamento en 2018 después de un largo y discutido proceso, tiene aspectos positivos. Se destaca la prohibición de fabricar o importar bolsas plásticas que no sean degradables ecológicamente, la certificación obligatoria de importadores o fabricantes para controlar todo eso, o una batería de multas. Todo esto es un gran avance.

También se impone un cobro específico sobre las bolsas plásticas (un mínimo de 0,82 unidades indexadas, más IVA). A su vez, en la ley se indica que allí donde se entreguen esas bolsas, los titulares deberán “promover y participar en campañas de difusión y concientización a la población sobre el uso responsable y racional de bolsas plásticas en el cuidado del ambiente”. Sin embargo, la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) reconoce, en declaraciones a la prensa, que no tienen modos de asegurar que se encamine dinero a esos fines, ni de controlar esos planes de educación ambiental. ¿Será obligatorio cobrar por las bolsas al consumidor, pero será voluntario el aporte del empresario a esas campañas ambientales?

Esta cuestión no es menor y refleja uno de los problemas repetidos en las políticas ambientales uruguayas: las limitaciones en aplicar instrumentos económicos con fines ambientales.

En esta problemática hay responsabilidades del Poder Ejecutivo como de los parlamentarios en los modos por los cuales redactan decretos y leyes. En este caso, el decreto de reglamentación menciona las campañas pero no los reglamenta, y deja para un futuro el establecer los criterios de esos planes de difusión. Tampoco olvidemos que la votación de esta ley fue controvertida, se tuvieron que hacer correcciones de problemas evidentes casi a último momento, y entre ellos asegurar que el dinero recaudado por el Estado fuera usando en rubros ambientales. Todo el proceso concluyó en una normativa que es un paso adelante, porque antes no había nada, pero de todos modos con variados problemas y limitaciones.

Este caso particular expresa las resistencias que hay en el país al uso de instrumentos económicos para la gestión ambiental. Una herramienta de ese tipo, como pueden ser las tasas o impuestos ambientales, o cobrar por recursos naturales que con consumidos como si fueran gratuitos e infinitos, buscan afectar el comportamiento de empresarios y consumidores, o nutrir fondos, siempre con fines específicos en el terreno ambiental. La efectividad de todo esto no se mide en una escala económica, sino en avances ecológicos. El instrumento más útil no es el que recauda más, sino el que detiene el deterioro ambiental o permite recuperar un sitio degradado.

En estos casos, surgen muchas dudas sobre lo que hará el Estado como los empresarios. Por ejemplo, ¿se limpiará sitios contaminados por plásticos, como la Playa Capurro? ¿se imprimirán libros de educación ambiental escolares? ¿las empresas sólo harán alguna publicidad de tanto en tanto? ¿los dineros gubernamentales terminarán en el laberinto estatal?.

Tampoco está claro cuál sería el “aprendizaje” para los comercios. El costo de esas bolsas de plástico ya estaba en lo que asumían las empresas y seguramente se cobraban de modo indirecto a sus clientes. No es errado preguntarse si al final de cuentas todo esto no sería como si los clientes pagaran dos veces por las bolsas. ¿Las empresas se quedarán con ese dinero o realmente lo usarán en fines ambientales? ¿Quiénes y cómo controlarán eso?

Los instrumentos económicos son muy importantes para la política y la gestión ambiental, y Uruguay debería avanzar en ese campo mucho más. El país debería usarlos para atacar los problemas más urgentes. Sin duda la contaminación por plásticos es seria, pero no olvidemos que hay otras cuestiones todavía más graves y acuciantes dentro del país y que también merecerían ser objeto de medidas económicas con fines ecológicos. Al tope de esa prioridad está la calidad de nuestras aguas. Dicho de otro modo, si por fin se imponen prohibiciones junto a instrumentos económicos para el plástico, mucho más debería estar haciéndose desde el Estado y los partidos políticos frente a la contaminación del agua.

Se pueden señalar al menos dos medidas necesarias y complementarias entre ellas. Por un lado, la contaminación de ríos, arroyos y lagunas requiere desarmar ventajas económicas para los agroquímicos contaminantes. Por otro lado, el uso y contaminación del agua a gran escala ya no puede ser gratis. Si todos nosotros, simples vecinos, pagamos por el consumo de agua y la emisión de efluentes, a OSE o al municipio por la tasa de saneamiento, no debería haber excepciones para aquellos emprendimientos que justamente son los que más toman y contaminan las aguas. Sin embargo, eso es justamente lo que hace el gobierno al darle el agua gratis a las plantas de celulosa (una promesa que volvió a reiterar para UPM-2). Lo que estamos observando es que se usa un instrumento económico al revés, ya que como esa agua es gratis o no se paga por los efluentes vertidos, esas empresas terminan teniendo una ventaja económica a costa de efectos ecológicos.

Más informaciones:

La normativa gubernamental sobre bolsas plásticas en:
http://www.mvotma.gub.uy/bolsas

Ley “Uso sustentable de bolsas plásticas” (2018) en:
https://www.impo.com.uy/diariooficial/2018/09/03/documentos.pdf

Decreto reglamentario de la ley (2019) en:
https://www.mvotma.gub.uy/institucional/normativa-asociada/decretos/item/10012044-decreto-n-3-2019

Publicado originalmente en la columna del autor en Montevideo Portal, 1 abril 2019

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