NO QUIERO ESCUCHAR QUEJAS AMBIENTALES

En Uruguay se están recortando los mecanismos de participación ciudadana en las evaluaciones ambientales.

El gobierno convocó a una audiencia de consulta con la ciudadana sobre la posible instalación de la planta de celulosa en el Río Negro en la ciudad de Paso de los Toros. Pero el encuentro será el martes 30 de abril, horas antes del feriado del 1ero de mayo. Un artilugio que muchos interpretan como un nuevo obstáculo para impedir una real presencia ciudadana.

En esas audiencias se deberían explicar los impactos ambientales de una gigantesca obra que afecta no solamente a una localidad, sino a decenas de ellas en varios departamentos y pone en riesgo el segundo mayor río del país.

Lo que sería posiblemente la audiencia pública más importante de los últimos años, se hace horas antes de un feriado donde casi nada funciona. Si ya era difícil para muchos trasladarse a Paso de los Toros, más complicado será el intento de regresar. El día y las circunstancias de esta convocatoria parecería que buscan cumplir la formalidad de convocar a la audiencia pero esperando que asista poca gente. Sin dejar de mencionar el hecho que se la realiza superpuesta con la puesta de manifiesto del estudio ambiental, lo que es otra contradicción con el procedimiento usual.

Fotografía de la escasísima participación en la audiencia ciudadana en el Museo del Carnaval, en la Ciudad Vieja, en la noche del viernes 26 de abril. Foto de MOVUS (Movimiento por un Uruguay Sustentable).

Estas circunstancias no son nuevas. La anterior audiencia vinculada al proyecto, enfocada en la terminal portuaria, también tuvo una convocatoria intempestiva, concretándose el pasado viernes 26 de abril, también en la noche y en la Ciudad Vieja. Y si lo que se buscaba era que poca gente participara, esa meta se logró (como muestra la foto de este artículo). Incluso hubieron otras en 2018 del mismo modo bizarro: una en la previa a la noche buena y la otra antes del fin de año.

La gravedad de esto reside en que estamos ante cuestiones de enorme relevancia. La participación ciudadana es un elemento esencial para una adecuada evaluación de los impactos ambientales, y en especial frente a emprendimientos faraónicos como una planta de celulosa en el Río Negro, su nuevo ferrocarril y los cambios en el puerto montevideano.

En un procedimiento ideal, la consulta ciudadana es un proceso. Esto quiere decir que existen una sucesión de encuentros entre las personas potencialmente afectadas o interesadas, las autoridades ambientales del gobierno, y los proponentes del proyecto. Esto es útil para los que hacen la revisión ambiental desde el Estado ya que pueden encontrar dudas, alertas o interrogantes que pasaron por alto, mejorando sus decisiones finales. Pero incluso es beneficioso para el proponente del proyecto, como puede ser una empresa, ya que le sirve para explicar en forma accesible y en detalle lo que realmente quiere hacer y disipar posibles fantasías o miedos.

La legislación uruguaya no sigue ese camino y en cambio establece un esquema de participación minimalista. Sólo existe una única audiencia, y no una sucesión de ellas ni tampoco se las repite en las distintas localidades afectadas por la obra. En este caso, todos los interesados en toda la cuenca media del Río Negro sólo tendrán una instancia, la de Paso de los Toros.

A su vez, en Uruguay al procedimiento lo volvieron monótono. El proponente de un proyecto explica su evaluación ambiental; esto usualmente está en manos de una empresa de consultores ambientales la que habla en nombre de la compañía proponente. La audiencia, que pueden ser vecinos, ambientalistas, técnicos, etc., hacen planteos y preguntas. Alguien de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) toma nota de esos puntos, responde con algunas precisiones, y otros pasan a una vía administrativa, donde tal vez en el futuro se encontrará alguna reacción en una página de internet. Si usted quiere saber si tomaron su pregunta en consideración tendrá que esperar un buen tiempo y después ponerse a bucear en la web para leer una respuesta.

Pero en la práctica actual, o sea, los modos por los cuales la DINAMA convoca a esas audiencias, las achica todavía más. Es que lo hace anunciándolo con poco tiempo de anticipación, convoca para días, horas o sitios que se vuelven obstáculos para muchos, y así sucesivamente. Aún en esas condiciones, se logran concurrencias importantes, y eso explica que se intercalen duras polémicas como reclamos directos a las autoridades. En una de ella, el ministro Víctor Rossi tuvo que escuchar a unos cuantos vecinos, y esa imagen de crispación fue difundida por la televisión; no es inapropiado preguntarse si lo que busca el gobierno es precisamente esquivar ese tipo de escenas.

Sea por una vía o por otra, es como si no quisieran escuchar las quejas ambientales. Se generan unas condiciones donde la ciudadanía cada vez desconfía más de las audiencias. Entonces poca gente asiste a ellas. ¿Para qué voy a ir si lo que diga no tiene ningún efecto? –es una conclusión que se vuelve más y más frecuente. Y como la participación es magra, las autoridades del gobierno pueden decir dos cosas: que formalmente consultaron, y que los realmente interesados asistieron. Y se liberan de escuchar las quejas.

Este tipo de dinámicas perversas son comunes en América Latina, y son una de las expresiones del debilitamiento de procedimientos participativos y consultivos de las audiencias ambientales. Esto a su vez genera un descreimiento sobre las capacidades y la independencia del Estado. Cada vez más gente asume que no se atiende el interés común y en realidad el Estado defiende a los intereses privados de grandes proyectos.

Muchos de estos problemas ensombrecen la tramitación del proyecto UPM-2 aquí en Uruguay. Pero la DINAMA tiene ciertas explicaciones para algunas de estas cuestiones. Sostienen que es ideal hacer la audiencia antes de un feriado, porque al otro día nadie trabaja, y ante los reclamos por la falta de transporte en la víspera del 1º de mayo, anuncian que pondrán ómnibuses. Además explican que se ha fortalecido el proceso de participación por reuniones previas con los vecinos.

Las explicaciones de este tipo no son nuevas. Desde el gobierno siempre hay excusas y justificaciones para todo. “Lo atamos con alambre, pero tenemos una larga lista de excusas para hacerlo…” –podría ser el resumen de muchas de esas posturas.

No se está entendiendo la cuestión de fondo. Las autoridades ambientales, y el resto de la jerarquía gubernamental, no comprenden o no quieren comprender que los procesos de participación para ser efectivos requieren de legitimación. La gente debe confiar en ellos, en que su voz realmente es escuchada y que efectivamente influye en la toma de decisiones. Si la legitimidad se resquebraja por repetidos problemas, por más explicaciones que se quieran dar, se cae en un entrevero que no soluciona los problemas de fondo.

Por ahora buena parte del Poder Ejecutivo navega en las negociaciones mostrando que las decisiones ambientales no atenderán a razones ecológicas sino a intereses políticos, se dice que todo es transparente pero siguen existiendo documentos secretos, se repitió hasta el cansancio que no habría impactos ambientales aún antes de hacer los estudios y contrariando la evidencia de lo inevitable que serán esos efectos, y así sucesivamente.

Estamos ante obras de infraestructura gigantescas pero la tramitamos desde una gestión política enana.

Publicado en la columna del autor en Montevideo Portal el 30 abril 2019.