URUGUAY: PRESIDENTE MUJICA PROPONE DESMEMBRAR MINISTERIO DEL AMBIENTE

El presidente de Uruguay, José Mujica, ha propuesto transferir el área ministerial ambiental al ámbito de la Presidencia. Considera que esa es la solución para lo que interpreta como trabas ambientales que impiden aprobar grandes proyectos económicos (más aquí….). Todo indica que esta es una propuesta descabellada, que amenaza las políticas ambientales nacionales.

Actualmente, el área ambiental se encuentra en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), y dentro de esa cartera, en la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA). Es un «ministerio mixto», que engloba el ambiente junto a otras áreas, y fue creado a inicios de la década de 1990 bajo el gobierno de Luis A. Lacalle. La propuesta del presidente Mujica es transferir toda esa área ambiental (DINAMA) al espacio de la Presidencia, y una vez allí, colocarla dentro de la Oficina de Planeamiento de Presupuesto (OPP).

¿Cuáles son las implicancias de esta idea? Un primer examen desemboca en una única conclusión posible: es descabellada. Abre las puertas a rebajar las condiciones ambientales, con mayores riesgos para la salud humana y la Naturaleza; retrocedemos en la institucionalidad ambiental, se pierde el control parlamentario pero seguramente también la participación ciudadana, y nos deja en una situación embarazosa frente a la comunidad internacional.

¿Cuál sería el resultado final? Se descuartizaría el actual MOVOTMA, que pasaría ser un ministerio únicamente de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y el área ambiental retrocede varios casilleros a ser un departamento o división dentro de la OPP. Esta es una verdadera «intervención» presidencial que pone en riesgo los controles y gestión ambiental.

La medida se anuncia además en un contexto muy delicado. En las últimas semanas se han sucedido quejas y reclamos empresariales por los que consideran «trabas» ambientales a sus proyectos de inversión. Las más conocidas son las de un potente empresario argentino y las de directivos de la minera Aratirí, los que se quejaron de DINAMA y reclamaron rápidos permisos ambientales (por ejemplo, aquí…).

Repasemos algunos de los problemas en juego:

Están en riesgo los controles y fiscalización ambiental – Se ha indicado repetidamente que el propósito de pasar la DINAMA a la OPP es agilizar los permisos ambientales, y que no se pongan exigencias muy altas. Por lo tanto, enfrentamos el riesgo que se reduzcan las exigencias y controles ambientales, se acepten proyectos de alto impacto ambiental, e incluso que se acepten compensaciones económicas a cambio de la destrucción del patrimonio natural. Enfrentamos el riesgo que no se informe a la población de manera transparente y abierta de los riesgos ambientales, y se reduzca la participación ciudadana. Recordemos que bajo la gestión de Mujica como ministro de ganadería y agricultura (en el pasado gobierno), apuntó en ese sentido. No se lograrojn buenos controles sobre los impactos ambientales y sanitarios de los agroquímicos, en la conservación de suelos y aguas por usos agrícolas intensivos, en determinar los impactos de la forestación, y los análisis de riesgo de los transgénicos fueron muy débiles. Si ese estilo de gestión se repite ahora en la OPP todos nosotros enfrentamos mayores riesgos, y la conservación de nuestra Naturaleza no se fortalecerá

Retroceso institucional – Este es un retroceso institucional mayúsculo, y que va en contra de la tendencia imperante en todos los países. En efecto, la evolución actual es crear ministerios del ambiente, o transformar los ministerios mixtos, en ministerios únicamente ambientales. En años recientes esto ha sucedido, por ejemplo, en Chile y Perú. La idea es fortalecer los controles ambientales, asegurar el componente ambiental en la salud humana, y proteger el patrimonio natural. Incluso se han creado agencias de control independientes, similares a nuestro Tribunal de Cuentas, pero enfocados en el tema ambiental.

Ningún país está marchando en ese sentido contrario. Si prospera la propuesta Mujica, Uruguay sería el primero que, en vez de convertir su ministerio mixto en uno del ambiente, lo cerraría, transfiriendo esas competencias a un departamento o división dentro de una oficina, que a su vez pertenece a la presidencia.

Copiando a Argentina – Sólo un país colocó a su agencia ambiental directamente bajo el control presidencial: Argentina. Originalmente era una secretaría dentro del Ministerio de Salud, y fue transferida en 2006, por Néstor Kirchner, a la Jefatura de Gabinete.

Pérdida de control parlamentario y ciudadano – Si se pasa el área ambiental a la OPP, se pierde el control parlamentario, los mecanismos de solicitud de informes de los legisladores, etc. A diferencia de un ministro, el director de la OPP no está obligado a responder a los legisladores ni puede ser interpelado. Pero también es posible que se pierdan otros espacios de coparticipación ciudadana propios del MVOTMA, como es el caso de una comisión mixta con otros ministerios, industriales, intendencias y ambientalistas. El MVOTMA es el único caso, en todo el Poder Ejecutivo, donde existe una comisión asesora de ese tipo, y ha sido uno de los mejores ejemplos de apertura y debate ciudadano de las políticas públicas. Pero ha sido una comisión debilitada por la administración Vázquez, y todavía más bajo el gobierno Mujica. Con esta nueva propuesta, nada impide que termine desapareciendo.

Amenazas inminentes – La propuesta de anular a la DINAMA aparece en un contexto donde esa dirección está manejando varios proyectos económicamente importantes, pero de alto impacto ambiental. Los casos más conocidos son el puente sobre la Laguna Garzón, para permitir el loteo y urbanización convencional sobre la costa rochense, o Aratirí, que incluye megaminería, enormes canteras para desechos, intervención de cursos de agua, un miniraloducto, y un puerto océanico.

Pero esos no son los únicos proyectos complicados, hay varios otros que no han recibido atención desde la prensa. Citemos un ejemplo: planta de cemento portland en Treinta y Tres, que procesaría 750 mil toneladas por año (y basta tener presente la contaminación por polvo de cementeras en otras ciudades uruguayas para entender los riesgos)

Finalmente, también incluirse entre los megaproyectos riesgosos las repetidas declaraciones del presidente para instalar empresas italianas que quemarían basura (aquí…). Algunos de esos procedimientos son de altísimos riesgos ambientales, y en muchas ciudades europeas está envuelto en duras polémicas debido a las evidencias de contaminación, afectación de la salud y generación de cáncer. Cualquier intento de comenzar a quemar basura industrialmente en Uruguay requeriría una evaluación de impacto ambiental, y las exigencias que pudiera elevar la DINAMA afectarán, sin duda, la ecuación económica que del emprendimiento. No es raro que esos negocios sólo sean rentables bajo controles ambientales más bajos.

Ausencia de marco legal para esa transferencia – Casi toda la normativa ambiental, como leyes o decretos, apuntan o descansan en el actual MVOTMA. Es ese ministro el que firma las autorizaciones ambientales, quien decide la gestión de las áreas protegidas, y cientos de otros temas. Esto no se puede anular de la noche a la mañana. Será necesario reformar varias leyes, como la ley marco en ambiente, la de evaluación de impacto ambiental o la referida al sistema de áreas protegidas, y todos sus decretos reglamentarios. Esto debería hacerlo el parlamento, y no puede ser una tarea unilateral del presidente.

Impacto internacional negativo – Actualmente todos los países, incluido Uruguay, están negociando mayores compromisos ambientales a nivel internacional. Lo hacen como preparación a la celebración de los 20 años de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, la famosa Eco-1992 de Rio de Janeiro. Es más, pocas semanas atrás, Uruguay adhirió a la declaración latinoamericana sobre temas ambientales, llegando a comprometerse en promover la aprobación de los derechos de la Naturaleza. ¿Qué pasará con la imagen de nuestro país en ese contexto internacional? Mientras las naciones intentan mejorar su gestión ambiental y crear ministerios más fuertes, nuestro canciller deberá explicar estos retrocesos. Uruguay puede ser el primer país latinoamericano, y tal vez, el primero en el mundo, en anular su ministerio del ambiente.

Fortalecimiento de la DINAMA y liderazgo político

Después de este breve repaso es necesario admitir que la actual DINAMA tiene varios problemas. Muchas de esas dificultades provienen de los anteriores gobiernos en manos del Partido Nacional y Colorado. Pero hay unos cuantos que se originaron en la pasada administración Vázquez, y que se han agravado en la actual. Considerando esto, la solución de esos problemas de DINAMA requieren medidas que la fortalezcan, mejoren su plantel técnico, y se respalden sus decisiones; es necesario trabajar con los legisladores para mejorar nuestra normativa, y así sucesivamente. Desmantelarla no es una opción válida.

Pero también se requiere altura en el liderazgo político. No es posible mantener una gestión ambiental seria, cuando los funcionarios de DINAMA escuchan regularmente al presidente burlándose de esos temas, cuando hay un ministro ausente, un subsecretario marginalizado, o un director sin una agenda clara. El espacio alternativo, la OPP, tampoco es ningún ejemplo de eficiencia.

Frente a problemas como estos, venir a achacarle a la actual institucionalidad todos los males de la gestión estatal me parece que es, en realidad, una forma de ocultar las serias limitaciones de los actores político partidarios que están en el gobierno.

Texto de Eduardo Gudynas, publicado en su blog Acción y Reacción, el 13 de febrero de 2012.