Renunció Juan Pablo Ramos, el viceministro del ambiente de Bolivia. De acuerdo a informaciones de prensa, dejó el cargo en el marco de presiones para otorgar un permiso ambiental a una controversial  carretera que afectaría el parque nacional Isoboro Sécure. Quedan pendientes otras evaluaciones ambientales polémicas, como una nueva represa en la Amazonia. Le reemplaza, Cynthia Silva Maturana.
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A mi modo de ver la situación ambiental en América Latina es bastante más grave de lo que se reconoce en muchos informes, y en especial los que salen de las agencias gubernamentales. Ese fue el mensaje que intenté transmitir en una reciente entrevista en Lima (Perú) con Milagros Salazar, de la agencia IPS. Un resumen de esa charla fue publicado en la red de diarios que editan el suplemento Tierramérica en varios países de la región. El texto de la entrevista es como sigue:

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Días atrás, CLAES presentó su informe sobre las tendencias en ambiente y desarrollo en América del Sur. El informe alerta sobre la gravedad de los actuales impactos ambientales, llama la atención sobre problemas como la distorsión bajo la cual se aborda el cambio climático, o el debilitamiento del abordaje político y gubernamental sobre los problemas ambientales claves en el continente.

El documento fue presentado el pasado miércoles 2 de junio en una mesa redonda en Quito (Ecuador).  En los salones de FLACSO, con una nutrida concurrencia, estuvieron presentes Gerardo Honty, Soledad Ghione, del equipo de CLAES que elaboró el reporte, a quienes acompañé en esa ocasión. Ademas, tuvimos dos excelentes aportes con comentarios: Marc Saint Upery, un analista político francés que reside en Ecuador, y que es muy conocido por su libro sobre las izquierdas latinoamericanas, y Alberto Acosta, docente en FLACSO, y que muchos lectores conocerán por su trabajo como presidente de la Asamblea Constituyente ecuatoriana. Los dos son amigos de CLAES, y nos han acompañado en diversas tareas.
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Bajo el actual contexto de crisis global podría esperarse una fuerte discusión y revisión sobre los estilos de desarrollo en América del Sur, y en especial en los países bajo gobiernos progresistas. Sin embargo, un examen de las principales estrategias muestra que varios gobiernos han negado o minimizado los efectos de la crisis, apelando a imágenes como el desacople o blindaje de sus economías nacionales frente a las globales. Cuando finalmente se aceptó la crisis, pasaron a postular una “reparación” o “reforma” del capitalismo, pero manteniendo su esencia, basada en la exportación de recursos naturales y una inserción comercial global.
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Las relaciones entre “ciudadanía” y ambiente se han vuelto un tema candente en los últimos tiempos. Existen varios programas gubernamentales y proyectos de muchas ONGs que promueven distintas formas de “ciudadanía ambiental”, tales como programas contra la basura urbana o el consumo responsable.

Simultáneamente, en varios conflictos ambientales aparece una crítica sobre la cobertura de los derechos ciudadanos. Esto se debe a que muchas personas afectadas por impactos ambientales consideran que sus derechos ciudadanos no se respetan, y en ello ven responsabilidades tanto de las empresas como desde los Estados.

Varios de estos temas son analizados en una revisión que preparé meses atrás, y que es parte de una línea de reflexión más amplia, que aborda la problemática de los derechos y deberes ciudadanos y la justicia, frente a los temas ambientales.
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El debate sobre las estrategias de desarrollo apenas están siendo abordadas en el actual debate político en Uruguay, a pocas semanas de las elecciones nacionales. Parecería que está cristalizándose un consenso nacional que hace desvanecer las diferencias, y de esa manera, poco a poco, uno de los temas clásicos de la izquierda se encoge. Este es un problema que se repite en otros países latinoamericanos.  Sigue el artículo publicado en el semanario Voces.
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Pocos días atrás, la ex ministra de Medio Ambiente de Brasil, Marina Silva, anunció su alejamiento del Partido de los Trabajadores (PT) y su ingreso al Partido Verde. Esta movida tiene importantes impactos en la política brasileña y encierra varios mensajes sobre la política ambiental.

Silva, de 51 años, fue miembro del PT durante 30 años, se desempeñó destacadamante como senadora, y como ministra del ambiente, cargo que asumió en 2003, y que abandonó a mediados de 2008. A lo largo de su actividad en el gobierno de Lula da Silva, Marina Silva quedó envuelta en debates y enfrentamientos por temas ambientales con otros sectores del gobierno y de su propio partido, en especial los ministros de agricultura y energía.
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