Las actuales estrategias de desarrollo que se observan en América del Sur siguen descansando en una intensa apropiación de la Naturaleza. En ellas el papel del Estado es indispensable. Es más, podríamos decir que existen ciertas estructuras y configuraciones del Estado que permiten y sostienen ese tipo de desarrollo. Esto hace que en una mirada desde la ecología política sea necesario examinar los nuevos papeles que desempeñan los Estados en América del Sur. Una pregunta clave es si los nuevos Estados progresistas son distintos de los anteriores, y en qué medida lo pueden ser.
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Está quedando en claro que para los gobiernos progresistas o de la nueva izquierda, las cuestiones ambientales se han convertido en un flanco de serias contradicciones. El decidido apoyo al extractivismo para alimentar el crecimiento económico está agravando los impactos ambientales, desencadena serias protestas sociales, y perpetúa la subordinación de ser proveedores de materias primas para la globalización. Se rompe el diálogo con el movimiento verde, y se cae en una izquierda que es cada vez menos roja porque se vuelve marrón.
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A los pocos días de proponer que el área ambiental sería removida de su ministerio, la presidencia de José Mujica aunnció que se autorizaba la construcción de un polémico puente en una laguna de la costa atlántica. Esa obra, resistida por años por sus impactos ambientales y territoriales, deja en claro la intención presidencial de reducir las exigencias ambientales y colocarlas al servicio de la inversión. Se han salteado todas las formalidades institucionales, y el permiso ambiental no fue anunciado por el ministerio del ramo, sino por la presidencia. La argumentación técnia fue reemplazada por una conferencia de prensa donde se dieron justificativos que, en unos casos son pocos serios, y en otros, por lo menos sorpresivos.
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El presidente de Uruguay, José Mujica, ha propuesto transferir el área ministerial ambiental al ámbito de la Presidencia. Considera que esa es la solución para lo que interpreta como trabas ambientales que impiden aprobar grandes proyectos económicos (más aquí….).  Todo indica que esta es una propuesta descabellada, que amenaza las políticas ambientales nacionales.

Actualmente, el área ambiental se encuentra en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), y dentro de esa cartera, en la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA). Es un “ministerio mixto”, que engloba el ambiente junto a otras áreas, y fue creado a inicios de la década de 1990 bajo el gobierno de Luis A. Lacalle. La propuesta del presidente Mujica es transferir toda esa área ambiental (DINAMA) al espacio de la Presidencia, y una vez allí, colocarla dentro de la Oficina de Planeamiento de Presupuesto (OPP).

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Parecería que la conflictividad ambiental desencadenada por proyectos mineros y petroleros está alcanzando un nuevo pico en Argentina. En las últimas semanas se mantienen las protestas por los intentos de explotar oro en la zona de Famatina, y hay nuevos enfrentamientos en la mina de La Alumbrera.

Esto es cierto solamente en parte. En realidad los conflictos ambientales locales se repiten continuamente, pero solo de tanto en tanto alcanzan una intensidad tal que explican los titulares de la prensa, y la mirada del poder político desde las ciudades capitales. Un reciente reporte para Argentina es muy ilustrativo de esta situación: sostiene que en todas las provincias se registran conflictos ambientales, y se ilustra con un mapa donde el territorio está cubierto de protestas sobre minería, contaminación por agroquímico, represamientos, basurales, etc. (artículo de Perfil, aquí…).
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Desde hace años en CLAES se organizan talleres internos en distintos temas como un apoyo a la capacitación. En 2012 hemos decidido abrir esos talleres al público en general. Es así que anunciamos el taller “La diversidad de las ecologías y la construcción de la conservación de la Naturaleza”.

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Como última contribución del año es apropiado presentar una breve reflexión que intenta ser algo así como un balance. Es una repaso a algunos temas propios de Uruguay y desde una mirada ambientalista, aunque como podrá verse ilustra una problemática que se parece mucho a lo que se observa en otros países sudamericanos. Este balance comienza preguntándose si tiene sentido pensar en cuestiones como la ambiental frente a otros problemas sustanciales o puntuales que padece el país — un país donde a pesar de su buena situación en relación a los vecinos, adolece de dificultades mayores, como una grave crisis en la educación, o sigue arrastrando déficits puntuales, como ocurre con el teléfono nacional de emergencias, 911, que no funciona o funciona mal.
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El Buen Vivir es tanto una crítica al desarrollo como un espacio de construcción de alternativas. Esta doble cualidad requiere por un lado precisar los sentidos de esos cuestionamientos, y por el otro, identificar las orientaciones y atributos comunes entre esas alternativas. Estas cuestiones han sido trabajadas en los últimos meses, y aquí quiera compartir un brevísimo resumen de la orientación de estas reflexiones.
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