UNA NECESARIA REFLEXION ACERCA DEL ENCUENTRO SOBRE CAMBIO CLIMATICO EN BOLIVIA

El gobierno boliviano ha convocado a una reunión internacional sobre el cambio climático y los derechos de la “madre tierra”. La convocatoria fue lanzada por el presidente Evo Morales, y el encuentro será en Cochabamba en abril de 2010.

La importancia del tema obliga a analizar con detenimiento las implicaciones de esta convocatoria. En las líneas que siguen se ofrecen algunas reflexiones en ese sentido. Comencemos por alertar que estas líneas no representan una toma de partido a favor o en contra de esa reunión, sino que apunta señalar cuestiones que deberían ser analizadas frente a esa convocatoria. Es que ese análisis puede ser tanto o más importante que una presencia en Cochabamba, y en especial desde la perspectiva de las organizaciones ciudadanas. Pero además, es necesario reconocer que distintas personas y organizaciones tendrán distintas respuestas a las cuestiones que se plantean en el presente texto.
El tema de la cumbre

En primer lugar debe considerarse la relevancia del tema convocante y de las propuestas que ya se han adelantado. ¿La agenda y el contenido son importantes? Seguramente habrá un amplio consenso afirmativo; el cambio climático reviste una importancia mayúscula, y dado el fracaso político de Conpenhague, un encuentro internacional de alta visibilidad puede inyectar nueva energía en la diplomacia internacional.

El encuentro boliviano llama a discutir dos puntos muy importantes: una declaración universal de los derechos de la Madre Tierra, y un referéndum mundial de los pueblos sobre el cambio climático. Las dos ideas son poderosas y atractivas, y merecen ser discutidas en detalle. Por lo tanto, desde este punto de vista seguramente casi todas las organizaciones ciudadanas estarán interesadas en ese temario, coinciden en su importancia, y estos serán factores que alentarían la participación.

También se debe reconocer el gobierno boliviano la capacidad de innovar en este sentido, donde sería muy bueno que otros países también organizaran encuentros con sus pueblos para discutir esta temática.

El papel de la sociedad civil

En segundo lugar, este encuentro se presenta como una “conferencia de los pueblos”, y ese propósito es muy positivo (vea el sitio oficial aquí…). Poner en primer lugar a los “pueblos” es más que bienvenido. Esto además contrasta con los hechos vividos en Conpenhague donde se entorpeció en todo momento la presencia de ONGs y delegados ciudadanos.

Sin embargo, la forma concreta de convocatoria y organización de la conferencia está en las manos y es controlada por el gobierno boliviano. No está claro cómo se asegurará la apertura a los “pueblos”. No está claro cuáles son los mecanismos para asegurar la pluralidad e independencia de las discusiones, ya que, al menos por ahora, la estructura formal y los procesos concretos de decisión en la cumbre no han sido informados. Tampoco está claro cómo participarán otros gobiernos, los que también han sido convocados a esta reunión.

Este no es un tema menor para las organizaciones ciudadanas, ya que en más de una ocasión se llama a reuniones de este tipo, pero las declaraciones finales quedan en manos de los gobiernos convocantes. La solución a todo esto es más o menos sencilla; por ejemplo con una comisión organizadora mixta (compuesta por unos delegados del gobierno de Bolivia junto a representantes de redes ciudadanas tanto bolivianas, como extranjeras).

Algunos considerarán que el esquema de organización actual es el más adecuado, en tanto entienden que deben apoyar a gobiernos como el Evo Morales, o incluso que sus organizaciones ciudadanas de alguna manera son parte de esas estructuras políticas. Pero otras organizaciones ciudadanas seguramente desearán mantener su independencia frente a los Estados; les gustaría participar pero solo si cuentan con seguridades que podrán elevar sus propuestas, y que podrán influir verdaderamente en las resoluciones finales.

En el fondo esto es parte de la problemática de las actuales relaciones entre “sociedad civil” y “sociedad política”. Y esta cuestión es clave bajo los gobiernos progresistas o de izquierda en América del Sur. Estas mismas tensiones están detrás de la crisis del proceso del Foro Social Mundial, ya que algunos lo consideran demasiado alineado con algunos gobiernos de izquierda, y otros insisten en que esas relaciones se deben profundizar todavía más. El problema es que, sea por un camino o por otro, se corre el riesgo de dejar en un segundo plano la independencia de propuestas de la sociedad civil.

La presencia de la sociedad civil en Cochabamba es la que daría legitimación a una cumbre que es presentada como de los “pueblos”. Justamente por esa misma razón, distintas redes y organizaciones ciudadanas podrían reclamarle al gobierno boliviano mecanismos mucho más abiertos y transparentes en el armado y desarrollo de la conferencia. Por lo tanto todo el esquema organizativo que merece un examen atento desde la sociedad civil, y evaluar si esas condiciones están aseguradas o no.

Geopolítica desde el sur

Hay varias organizaciones que consideran que después del fracaso de Copenhague se ha demostrado la falta de compromiso de Estados Unidos y otras naciones industrializadas. Siguiendo esa línea, se asume que este encuentro de Cochabamba podría servir para incidir en un cambio de rumbo geopolítico a escala global.

El problema es que ese análisis es algo apresurado, ya que la postura de otras naciones como China, India o Sudáfrica fueron igualmente cuestionables. Y no olvidemos a Brasil, que no sólo actuó junto a esos otros países, sino que nada coordina con sus vecinos sudamericanos.

Por lo tanto si se piensa viajar a Cochabamba para hacer reclamos geopolíticos en esa lista se deberán incluir varias capitales del norte, pero también a unos cuantos latinoamericanos. Aparece entonces aquí una necesaria reflexión sobre cómo se presentarán los reclamos ciudadanos ante la inacción gubernamental, tanto en el norte rico como entre nuestros vecinos.

Demandas internacionales y políticas nacionales

Otro aspecto a considerar es sí los reclamos que los gobiernos lanzan en los foros internacionales se corresponden con sus acciones y políticas internas. En el caso de Bolivia, como convocante del encuentro, se esperaría que sus políticas internas frente al cambio climático fueran igualmente enérgicas a sus reclamos y denuncias en los foros internacionales.

Por lo tanto es necesario examinar que sucede dentro de Bolivia. Allí encontraremos que sus políticas ambientales actuales son débiles, y entre esas debilidades está su estrategia en cambio climático y energía. A su vez, las metas energéticas, petroleras y mineras, son convencionales, apostando a aumentar la explotación de hidrocarburos, construir nuevas represas, y hasta centrales a carbón (su plan de desarrollo energético al 2027 – aquí…).

En Bolivia se han lanzado varios proyectos para construir represas hidroeléctricas, lo que es especialmente preocupante, tanto por su número, como por que algunas de ellas se ubicarían en la Amazonia, e incluso en el entorno de áreas protegidas. En efecto, el plan de gobierno del MAS (Movimiento al Socialismo) propone la construcción de represas, como las de Cachuela Esperanza, Río Grande y el Bala, incluso con la finalidad de vender energía a los países vecinos (ver…), y termina de legitimar el complejo de hidroeléctricas en el Río Madeira. Se defiende la exploración y explotación petrolera, lo que ya ha despertado la reacción de varios grupos locales, como las denuncias de indígenas Mosetén contra PetroAndina (ver…). También se deben sumar los proyectos de expansión minera, su deforestación asociada y el uso del carbón (por ejemplo en El Mutún – leer…). Los impactos sociales y ambientales de todo esto serían enormes, y vienen siendo alertado repetidamente dentro de Bolivia.

Además, en el caso de Bolivia donde las emisiones de gases con efecto invernadero provienen sobre todo de la agricultura y los cambios en el uso del suelo, y por lo tanto es necesario contar con un fuerte componente ambiental en sus políticas agropecuarias y forestales. Sin embargo esa vinculación es discutida, y se alerta sobre problemas en el control de los boques (por ejemplo aquí…).

El área en cambio climática del nuevo Ministerio de Medio Ambiente y Agua aparece como muy débil ante la fortaleza y empuje de los sectores extractivos (véase su descripción aquí…). Entretanto, análisis recientes de la propuesta gubernamental de reglamentación de los hidrocarburos, señalan que el status de las áreas protegidas es degradado y la evaluación ambiental es debilitada (por ejemplo leer …).

Este tipo de contradicciones no son un problema exclusivo de Bolivia y también están presentes en otros países. Por ejemplo, Lula da Silva ofreció un enérgico discurso en Copenhague, pero su programa nacional contra el cambio climático cae en contradicciones graves, como la construcción de nuevas represas o sus usinas a carbón, mientras persiste el avance de la frontera agropecuaria sobre las selvas tropicales. Lo mismo pasa en otros países sudamericanos.

Las organizaciones de la sociedad civil pueden enfrentar de manera diferentes estas tensiones y contradicciones que muestran los gobiernos entre sus discursos internacionales y las medidas nacionales. Para algunas lo más importante es cuestionar el papel de los países industrializados, dejando en evidencia su hipocresía, y por lo tanto las limitaciones de las políticas ambientales en los países del sur, sean de Bolivia o de otra nación, quedan en segundo plano. El énfasis estaría puesto en criticar al norte rico; se perdonan los problemas en el sur como inevitables para salir del subdesarrollo.

Para otras organizaciones ciudadanas, en cambio, es indispensable que los gobiernos sudamericanos (incluido el de Evo Morales) sean coherentes, y desarrollen acciones ambientales dentro de sus fronteras en el mismo tono de sus reclamos internacionales. Advierten que los problemas ambientales dentro de fronteras son graves, y que justamente un gobierno de izquierda debería ser el más comprometido con solucionarlos.

Otra vez la sociedad civil

El actual gobierno boliviano está priorizando la explotación de recursos naturales, y especialmente en el sector hidrocarburos y energía. Muchas organizaciones ciudadanas bolivianas han elevado voces de advertencia y hasta de rechazo frente a algunos de estos emprendimientos, tales como la exploración petrolera en el norte del país o los anuncios de represas en zonas amazónicas (entre las más recientes, más de 50 organizaciones rechazaron la flexibilización de las normas ambientales para las petroleras – aquí…).

El problema es que esto ha desencadenado duras respuestas desde el gobierno boliviano. Es importante tener presente este problema al analizar la convocatoria de Cochabamba. ¿Cómo se pueden los “pueblos” discutir sobre cambio climático global, si el gobierno convocante rechaza las advertencias ambientales? Algunos jerarcas gubernamentales han llegado a sostener que se debe reglamentar la participación y consulta ciudadana para que no entorpezcan los proyectos en minería e hidrocarburos.

Hay algunos síntomas preocupantes de intentar controlar y acallar las voces de alerta ciudadana. Este tampoco es un problema exclusivo de Bolivia, y se ha repetido en otros países de la región.

Por lo tanto, una interrogante clave es qué sucederá en la cumbre internacional sobre cambio climático si las organizaciones de la sociedad civil reclaman acciones más enérgicas contra del cambio climático dentro de Bolivia. Dicho de otra manera: muchos ambientalistas podrían exigir que se defienda la Pacha Mama también dentro de Bolivia.

Reconozco que en todos estos temas las respuestas desde la sociedad civil serán de lo más diversas. Comenzando porque muchas organizaciones involucradas en estas cuestiones no se definen a sí mismas como ambientalistas, y por lo tanto toleran, o incluso alientan, diversos emprendimientos de alto impacto ambiental en tanto los conciben imprescindibles para mantener el Estado. Otras incluso dirán que los problemas ambientales dentro de Bolivia son pequeños en comparación con el desastre ecológico de los países industrializados. Los que sigan estos razonamientos seguramente apoyarán la cumbre de Cochabamba.

Pero para otras organizaciones, es necesario contar con el espacio de alerta y denuncia de los problemas ambientales dentro de Bolivia. No son pocos los casos de quienes se preguntarán sobre el sentido de hablar sobre cambio climático, si sus amigos y colegas dentro de Bolivia son hostigados por sus posiciones ambientalistas.

Posibles pasos futuros

Como se señalaba al inicio de estas notas, aquí se reconocen esa diversidad de posiciones. Y a partir de esas diferencias, se señala la gran importancia que debe tener una discusión más profunda sobre las implicancias y los significados de esa conferencia. Ese análisis previo puede ser tanto o más relevante que el viaje a Cochabamba, al menos para el movimiento ambientalista.

Ese análisis también puede considerar muchas posibles vías de salida para las tensiones y contradicciones que se señalan arriba. Incluso hay varios caminos intermedios que merecen ser discutidos.

Por ejemplo, se podría incidir dentro del gobierno boliviano para lograr una verdadera participación de la sociedad civil y asegurar posiciones más diversas tanto en la preparación como desarrollo de esa cumbre.

Otra posibilidad es que las diferentes redes continentales sobre cambio climático elaboren documentos previos con indicaciones claras sobre los compromisos que deberían asumir los gobiernos latinoamericanos dentro de sus fronteras para atacar el cambio climático, y reclamarles coherencia entre sus medidas nacionales y sus discursos internacionales. Incluso se podrían elevar recomendaciones muy precisas sobre el necesario fortalecimiento de la política ambiental dentro de Bolivia, moratorias petroleras en sus áreas protegidas y en la Amazonia, y un cambio radical en su política sobre biodiversidad y bosques.

Establecidos estos y otros aspectos, sin duda que el llamado a esta conferencia internacional es bienvenido. Servirá para difundir muchas preocupaciones y propuestas sobre el cambio climático, pero también encierra la potencialidad de promover una reflexión interna dentro de las organizaciones ciudadanas sobre los caminos políticos para lidiar con la problemática ambiental.