CAMBIO CLIMATICO Y REPARACION ECOLOGICA DEL CAPITALISMO
La temática del cambio climático ha cobrado notoriedad en América del Sur. Tiene una cobertura importante en la prensa convencional, se realizan muchas campañas ciudadanas, y existe un cierto discurso desde los gobiernos y algunas empresas. Pero a pesar de esa creciente presencia es necesario examinar si las propuestas en debate están realmente orientadas en lograr medidas efectivas para enfrentar el cambio climático. En ese contexto, los gobiernos suramericanos generan un discurso que no rechaza el cambio climático, pero lo presenta de forma distorsionada. De esta manera lo hacen funcional a una mercantilización de la Naturaleza, y a un rediseño de la política ambiental. Discuten sobre lámparitas de luz de bajo consumo y autos híbridos, pero no sobre los temas sustantivos, como la relación de las emisiones son las políticas agropecuarias.
Este tema es repasado en un artículo publicado semanas atrás en la revista Critical Currents, de la Fundación Dag Hammarksjöld, que fue presentada en la cumbre de cambio climático en Copenhague, a fines de 2009. El original se publicó en inglés, y en este post, les presento la traducción al castellano. El artículo original en inglés se puede descargar aquí…
Una mirada distorsionada sobre el cambio climático
Todos los gobiernos de América del Sur expresan preocupación con el cambio climático. Los motivos son diversos, y van desde las posibles pérdidas en la producción agrícola, la desaparición de hielos continentales andinos, cambios en la línea de la costa, reducción del turismo o efectos de un aumento en los desastres naturales. Los énfasis son también diversos, y van desde encendidos discursos, la instalación de comités científicos o la promoción de campañas. Paralelamente, la prensa convencional repite informes sobre el cambio climático, pero casi todos ellos originados en los países industrializados. Los reportes más citados también provienen del hemisferio norte, y naturalmente expresan los problemas y prioridades en los países ricos.
De esta manera, poco a poco, se ha difundido en América del Sur una cierta idea del cambio climático. En el contexto del presente análisis se deben destacar los siguientes elementos: se enfatiza la responsabilidad de las naciones industrializadas para evitar compromisos propios; los países suramericanos serían en primer lugar “víctimas”; y sus principales causas están en las emisiones de gases provenientes de sectores como industria o transporte.
Si bien cada uno de esos elementos encierra por separado muchas verdades, todo el conjunto desemboca en posturas distorsionadas, las que brindan oportunidades para que los países suramericanos se entretengan con campañas publicitarias mientras evitan tanto la discusión como las acciones para enfrentar la raíz de los problemas.
Es cierto que existe una responsabilidad mayor en las naciones industrializadas, y en especial bajo una perspectiva histórica. Pero también es necesario admitir que varios países del sur se han convertido en enormes emisores de gases con efecto invernadero, y que en algunos casos superan a varias naciones desarrolladas. Por ejemplo, considerando emisiones totales (excluyendo cambios en el uso de la tierra), Brasil ocupa el séptimo lugar, por encima de países como Alemania o Canadá; México está en el rank 11 (por encima de Italia o Francia) y Argentina en el 25 (superior a Holanda) (emisiones para 2005, basadas en la base de datos Climate Análisis Indicators Tool -CAIT; World Resources Institute).
El volumen de esas emisiones actuales una veces se minimiza, en otras se las oculta (los atrasos de varios países suramericanos en presentar sus reportes oficiales de emisiones explican en parte esta cuestión), o se las relativiza usando evaluaciones proporcionales a la superficie o la población.
A pesar que varios países del sur tienen alta responsabilidad a escala global, se resisten a aceptar compromisos sustantivos en la reducción de sus emisiones. Los gobiernos consideran que metas en ese sentido podrían impedir su desarrollo. Pero además, como enfatizan notoriamente su condición de víctimas, insisten en que la lucha contra el cambio climático debe ser totalmente financiada y apoyada con transferencias tecnológicas desde las naciones industrializadas. Las responsabilidades propias desaparecen, ya que si bien son diferenciadas, de todas maneras son globales. Las responsabilidades y acciones propias se empequeñecen y los países suramericanos contribuyen a un eterno regateo en las negociaciones internacionales sobre el dinero que se espera obtener para instalar medidas nacionales contra el cambio climático.
Paralelamente, los gobiernos han abordado las acciones sobre el cambio climático acentuando otras deformaciones. Reconocen los problemas de vulnerabilidad, que son serios y urgentes, pero entretanto sus campañas sobre mitigación se enfocan en reducir sus emisiones de gases con efecto invernadero originadas en sectores como transporte, generación eléctrica o industria. En ese frente, las acciones son por lo general acotadas y modestas, y usualmente se entretienen con cuestiones como programas para usar lamparillas de luz de bajo consumo, filtros en chimeneas de algunas fábricas y bendecir a los automóviles híbridos. Dejando de lado la verdadera efectividad de esos programas, lo importante es que buena parte de la opinión pública queda conforme con esas miradas y esas acciones. Además, coincide con el mensaje prevaleciente en los medios de prensa, donde se insiste en las emisiones de tipo industrial o transporte.
Pero ese énfasis no corresponde con la realidad suramericana. Una mayor proporción de emisiones del sector energía es típica de los países ricos. Por ejemplo, las emisiones de sectores como transporte o industria representan el 90% en la Unión Europea. Por esa razón los planes de mitigación en esos países apuntan a esos sectores.
Pero en América del Sur la situación es muy distinta: el aporte más sustancial de gases invernadero (75.2%) proviene de los cambios en el uso de la tierra y la agricultura El sector industria, transporte y similares, representa el 23.6% de las emisiones (CO2 equivalentes; World Resources Institute CAIT data base; datos año 2000). Las emisiones de agricultura, uso de la tierra y forestación, representan en Brasil el 83% del total, en Perú casi el 86% y en Bolivia el 91%. Es evidente que la situación es muy distinta a la que muchos asumen. El caso expone las contradicciones por ejemplo de Brasil, que se ha convertido en un gran emisor global, pero se resiste a tomar medidas enérgicas, reclama compensaciones y transferencias mientras que simultáneamente se presenta a sí mismo como una nueva potencial global.
Por lo tanto, entre los problemas más urgentes y graves acerca del cambio climático en América del Sur están cuestiones como las políticas agropecuarias, los usos de la tierra y las exportaciones agroalimentarias. La agenda de discusión política y las medidas más urgentes deben enfocar sobre esas cuestiones, y especialmente en urgencias como la deforestación, reforma agraria o la expansión de monocultivos de exportación como la soja.
Pero ese vínculo no recibe la atención que merece en el debate público suramericano, y por el contrario, los gobiernos repetidamente lo evitan, no presentan planes de mitigación adecuados o sus metas son difusas. Es más, se aprovechan esta distorsión en el debate del cambio climático, montándose campañas publicitarias alrededor de temas como el recambio de lámparas. De esta manera no se discuten temas muchos más urticantes y con alto costo político, como las políticas agropecuarias. Asimismo, esta postura permite refuerza entretenerse con el regateo internacional y continuar con los actuales estilos de desarrollo.
La mercantilización de la Naturaleza
La persistencia en las estrategias de desarrollo convencional es una de las principales causas en explicar la resistencia en abordar la agenda del cambio climático en América del Sur. Sigue prevaleciendo un estilo basado en la apropiación de la Naturaleza, y en una primarización productiva volcada a las exportaciones. Incluso en los llamados gobiernos progresistas (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela), se ha reconstruido una particular versión de la ideología del progreso. Bajo esa postura, los países contarían con enormes recursos naturales y amplias capacidades de amortiguación ecológica, y por lo tanto los gobiernos se consideran bajo el mandato de aprovechar intensamente esa riqueza. Durante los años recientes, los altos precios de los commodities acentuaron esa tendencia, y muchos de esos gobiernos consideraban que era imprescindible aprovechar esas oportunidades en la economía global para expandir su comercio exterior. Por lo tanto rechazaban la idea de restricciones o condicionantes ambientales. Hoy, tampoco se aceptan esas medidas, pero el justificativo reside en la crisis global que ha hecho caer la expansión económica.
La distorsión en la agenda del cambio climático permite evadir un debate más profundo sobre ideas centrales en ese estilo de desarrollo, y que determinan las políticas en el uso de la tierra y la agropecuaria. Pero esa misma distorsión hace que algunas acciones convencionales se puedan presentar como ambientales. Un caso típico son los programas de agrocombustibles en Brasil, revestidos por una pátina verde de una lucha contra la civilización petrolera, cuando en realidad son tanto una profundización de la expansión de monocultivos de soja o caña de azúcar, con serios impactos sociales y ambientales, como un apoyo a los agronegocios exportadores.
Siguiendo es esa línea, la Naturaleza se convierte en una canasta de commodities: bienes y servicios ambientales reemplazan a los ecosistemas, y el Capital Natural expresaría el valor del ambiente. Este tipo de instrumentos son funcionales a la comercialización de los recursos naturales, y por lo tanto no contradicen la ideología de progreso en su versión actual.
Este énfasis no es nuevo, y es una de las herencias de los años neoliberales. Pero también ha sido promovido desde los propios gobiernos suramericanos. Es bueno recordar que en el encuentro de Rio+10, en 2002 en Sudáfrica, varios países latinoamericanos liderados por Brasil, insistieron en la idea de promover la comercialización de su propia biodiversidad y de sus funciones ecosistémicas, como si fuera una mercadería más. Esto explica la actual insistencia de varios gobiernos progresistas por llegar a acuerdos en la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre bienes y servicios ambientales.
Bajo la mercantilización de la Naturaleza, se fragmenta el ambiente en mercancías que se deberán insertarse en los procesos productivos. Por lo tanto, los componentes de los ecosistemas, sean especies de fauna o flora, o incluso sus genes, o sus ciclos ecológicos, se convierten en mercancías, sujetas a las reglas del comercio, que pueden tener dueños y con un valor económico. Países como Brasil o Argentina se encuentran, por ejemplo, entre los más enérgicos defensores de incorporar esos bienes y servicios ambientales al régimen de la WTO.
Otros actores operan en la misma dirección. Por ejemplo, entre la llamadas BINGOs (big international NGOs), se otorga un papel central a las respuestas comerciales para enfrentar el cambio climático del tipo del mercado de carbono. Se llega a extremos, como la propuesta de Conservation International para la Amazonia, donde las áreas protegidas deberían autofinanciarse por medios como la venta de bienes y servicios ambientales o la captación de carbono en los mercados globales (Killeen, 2007). Es una posición pesimista extrema, con Estados incapaces, donde se renuncia a cualquier intento de cambio en el capitalismo global, se acepta que se destruirán gran parte de los bosques tropicales y apenas se espera salvar un puñado de áreas protegidas insertándolas en las mismas redes comerciales que desencadenan la devastación ambiental.
En la misma línea, el reciente reporte de CEPAL (Comisión Económica para América Latina) sobre comercio internacional, por un lado reconoce la importancia del cambio climático, y por otro llama a resistir el proteccionismo comercial verde. Pero además, esa propuesta ejemplifica otra de las facetas de esta distorsión, ya que los problemas ambientales nacionales o locales desaparecen de la agenda. Impactos ambientales que van desde la pérdida de biodiversidad a la contaminación urbana, no son considerados adecuadamente, las acciones para enfrentarlos se han debilitado, la institucionalidad ambiental es más débil, y existen muchos problemas con la aplicación (enforcement). Se habla mucho de cuestiones ambientales, pero enfocadas una visión distorsionada del cambio climático, mientras que en paralelo en América del Sur se observa un debilitamiento de la gobernanza ambiental nacional y local.
La reparación ecológica del capitalismo
La mirada distorsionada sobre el cambio climático y los avances de la mercantilización de la Naturaleza, aún en tiempos de crisis global, se debe a que está en marcha una suerte de “reparación ecológica” del capitalismo. Esta nueva versión es distinta al programa empujado bajo las reformas neoliberales de las décadas de 1980-90, ya que en la actualidad se reconocen los problemas de aquella postura, se reclama una mayor presencia del Estado, y se ejecutan programas de acción social.
Pero no se ha avanzado en profundizar una crítica sustantiva sobre el ordenamiento económico, el énfasis desmedido en la apropiación de la Naturaleza, o la lógica del progreso y el crecimiento económico. Los gobiernos de izquierda o progresistas en América del Sur, rectifican algunos extremos de las viejas políticas, en especial en el área social, y si bien ese no es una cuestión menor, de todos modos se mantiene el mismo estilo de desarrollo como países exportadores de recursos naturales. Es más, en algunos de esos gobiernos, el Estado propicia la intensificación en el uso de los recursos naturales, la exportación de commodities y la atracción de inversiones. En unos casos lo hace en forma directa (por medio de empresas estatales, como las petroleras nacionales de Bolivia o Venezuela), y en otros casos de forma indirecta (como son los planes para atraer inversión de minería a gran escala en Ecuador).
La importancia del Estado como nuevo promotor de la apropiación de la Naturaleza es evidente en los gobiernos progresistas. Por ejemplo, el presidente de Bolivia, Evo Morales, recientemente a cuestionado a organizaciones ambientalistas y hasta comunidades locales que se oponen a la explotación petrolera. ¿De qué vamos a vivir? se pregunta el presidente boliviano.
En esa misma línea de apoyo al estilo de desarrollo material se suman viejos movimientos sociales, como por ejemplo los sindicatos de base industrial urbana. En ese contexto, las políticas sociales propias de los gobiernos progresistas persisten como focalizadas y compensan los efectos negativos de esa misma estrategia. Las cuestiones ambientales son tomadas en un nivel superficial, usualmente expresado en campañas publicitarias. Pero se insiste en que las normas ambientales frenarían el crecimiento económico y representan un riesgo al propio desarrollo. Por lo tanto solo se acepta una agenda ambiental superficial, o aprovechando acciones que sean funcionales a ese crecimiento económico y una inserción internacional exportadora de commodities. Esto explica las distorsiones sobre el cambio climático y las resistencias a discutir, por ejemplo, el papel de las emisiones originadas en la agricultura y el uso de la tierra.
Como ese estilo de desarrollo está dotado de una cara social y ambiental, se desemboca en la ilusión de un “capitalismo benévolo”. No se ponen en discusión los cimientos de su funcionamiento, ni de la commodification de la Naturaleza o el papel asistencialista de los planes sociales. Pero se realizan medidas de reparación y compensación, e incluso se acepta otro tipo de globalización, con una mayor regulación estatal (donde un buen ejemplo es el “capitalismo 3.0”, siguiendo la expresión del economista Dani Rodrik).
Los programas focalizados para aliviar la pobreza son muy importantes en abordar situaciones de emergencia, pero al hacerse permanentes amortiguan los efectos más agudos de este capitalismo y se apacigua la protesta social. Los gobiernos logran legitimidad política y no permiten que se discuta el modo de apropiación de la Naturaleza ni su inserción internacional basada en recursos naturales. Los ejemplos de más arriba muestran que en recorrido están alineados los gobiernos, muchas grandes ONGs, y una buena parte de la academia. El deterioro del ambiente es ocultado en unos casos, invisibilizado en otros; si bien son reconocidos los efectos ecológicos, se insiste en tomarlos como inevitables costos para salir del subdesarrollo. Es más, se presentan como soluciones a los problemas acentuar todavía más la mercantilización de la Naturaleza.
Cambio climático y desarrollo post-material
Un cambio radical en las negociaciones internacionales sobre cambio climático requiere otro protagonismo de los países de América del Sur. Es necesario quebrar con la ideología del progreso, y pasar a posturas de un desarrollo postmaterial. En tanto el debate político interno dentro de América del Sur es en esto momento más diversificado y amplio que en otros continentes, es posible avanzar en esa deconstrucción. Por ejemplo, la propuesta de un desarrollo postpetrolero en Ecuador, incluyendo la moratoria de la explotación de petróleo en la región de Yasuní (Acosta et al., 2009) es un avance muy importante. De la misma manera es necesario una discusión urgente sobre las políticas en agricultura, ganadería y forestería, y en general un nuevo diseño del desarrollo rural.
En esta tarea es necesario poner en debate la propia esencia del capitalismo latinoamericano contemporáneo, y en especial su pretensión de crecimiento económico a partir de la exportación de commodities. Las soluciones de commodification de la Naturaleza son insuficientes para abordar los problemas ambientales nacionales pero tampoco permite encarar los globales.
Medidas como la creación de mercados internacionales para el carbono solo servirá para ilusionar sobre medidas supuestamente efectivas cuando en realidad se profundizan los problemas. Si ese tipo de relaciones no son modificados radicalmente, todo indica que se persistirá en negociaciones internacionales lentas, engorrosas, que repetidamente evitan los compromisos reales para solucionar las causas del cambio climático.
Notas
Acosta, A., E. Gudynas, E. Martínez y J.H. Vogel. 2009. Leaving the Oil in the Ground: A Political, Economic, and Ecological Initiative in the Ecuadorian Amazon. Americas Program Policy Report (Washington, DC: Center for International Policy, August 13, 2009).
CEPAL. 2009. Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe 2008-2009. CEPAL, Santiago de Chile.
Killeen, T. J. 2007. Una Tormenta Perfecta en la Amazonia. Desarrollo y conservación en el contexto de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA). Advances Applied Biodiversity Science, No 7, Conservation International, Arlington.