DESDE URUGUAY, MIRANDO LA MINERIA EN LOS VECINOS

Como muchos de los lectores saben, el gobierno de José Mujica está considerando un proyecto de mega-minería de cielo abierto en Uruguay. En una rara mezcla de argumentos que van desde aluciones a pensar en los nietos a la necesidad de asegurar un beneficio económico, el gobierno ha iniciado el análisis de la propuesta de una minera de capitales internacionales, que esencialmente opera en algunas repúblicas de la ex-URSS.

Como en Uruguay no se ha practicado la gran minería, todo este debate es nuevo. Pero además, como el país cuenta con ricos recursos agroalimentarios, resulta impactante la propuesta de convertir sitios de cultivo y pastoreo en enormes canteras mineras.

Como parte de este debate comparto con ustedes las principales secciones de un artículo que preparé para el semanario Brecha. Es una breve columna de opinión, enfocada en lectores uruguayos, donde se toman algunos problemas de la minería en los países vecinos como ejemplo de una problemática inminente.

El proyecto lanzado en Uruguay, conocido como Aratirí, tiene unas dimensiones enormes para la escala uruguaya. Para lidiar frente a emprendimientos de ese tamaño y riesgo es muy útil revisar la experiencia con la minería en los países tradicionalmente mineros, como Perú, Bolivia o Chile, o los que se han sumado recientemente, como Brasil.
Comenzando por la experiencia brasileña, se observa que ese tipo de minería genera impactos ambientales que son intensos, afectan a muy distintos procesos ecológicos, tienen una amplia cobertura territorial, y son de muy larga permanencia en el tiempo. A pesar de todo esto, en casi todos los países es común minimizar esos impactos ambientales tratándolos como simples alteraciones en el “paisaje”, o bien como modificaciones que pueden ser gestionadas tecnológicamente.

Sin embargo, la observación de las megaminas a cielo abierto que hay en otros países indica que se pierden los ambientes naturales originales, se destruye el suelo, se alteran los cursos de agua, y se modifica la fauna y flora. Todo ello hace que no se pueda calificarlos como una simple afectación de “paisaje”, como si fuera un problema estético. En realidad, el proceso es muy similar a una “amputación ecológica”, donde se remueve parte del territorio, con toda su fauna y flora, alterando sustancialmente un entramado de elementos y procesos, que van desde la regeneración de los suelos y el ciclo del agua, hasta las comunidades animales y vegetales.

La experiencia de los demás países muestra que impactos de esta magnitud no se pueden sopesar con indicadores clásicos, como la cantidad de hierro exportado o considerando las canteras aisladas unas de otras. Se hace necesario considerar, por ejemplo, la “mochila ecológica” del hierro, entendido por la extracción total de materia, tanto aquella que se separará como hierro a exportar, como por rocas y otros remanentes que se abandonarán en Uruguay. A nivel internacional, las “mochilas ecológicas” de cada tonelada de hierro obtenido conllevan extracciones de 14 a 740 toneladas de materia, dependiendo de la calidad del yacimiento. Es así que determinar la “mochilla ecológica” de Aratirí se vuelve urgente.

En todos los países se aplican evaluaciones de impacto ambiental (EIA) como paso previo para rechazar o aprobar un emprendimiento minero. El proyecto de Aratirí ha iniciado ese recorrido en Uruguay, aunque su primer informe no fue aceptado por la DINAMA. Como allí intervinieron consultores peruanos es apropiado revisar la situación en ese país. Allí encontramos que la calidad de las EIA era escandalosamente baja, y en muchos casos eso alimenta los frecuentes conflictos sociales donde comunidades peruanas protestan contra las mineras.

El propio gobierno peruano reconoce, por ejemplo, que hay EIA que se copian párrafos entre ellos o tienen secciones claves ausentes. Como medida de emergencia, las autoridades buscaron la asistencia de una agencia de ONU especializada en revisar proyectos de desarrollo, comenzando por la propuesta de la mina de cobre de Tía María, debido a que miles de personas la rechazaban, con duros enfrentamientos que dejaron varios muertos. La agencia internacional presentó 138 evaluaciones al EIA de la empresa minera. El escándalo resultante fue de tal magnitud que el gobierno peruano canceló el proyecto minero.

Más o menos la misma situación se repite en los países andinos. En Brasil las EIA son de mejor calidad, pero cuando un proyecto de interés para el gobierno no recibe la luz verde de los evaluadores ambientales, las presiones políticas comienzan a operar. En los últimos días del gobierno de Lula, era tal el empecinamiento gubernamental en construir una represa a pesar de las evaluaciones en contrario, que la presión política hizo que renunciaran uno tras otro los jerarcas ambientales, hasta llegar a quien estuviera dispuesto a firmar los permisos.

Frente a este tipo de problemas es apropiado preguntarse si esta problemática es ajena a Uruguay. Y no lo son. Recordemos que, en el plano político, José Mujica en más de una ocasión ha sembrado dudas sobre la capacidad de regulación ambiental del Estado. En el plano de la gestión existen varios antecedentes de aprobaciones ministeriales que van en contra de las opiniones de los técnicos gubernamentales, y la más reciente es la liberación de algunas variedades transgénicas.

Por lo tanto, el país no es inmune a esta problemática, y debería comenzar a prepararse, por ejemplo elevando las exigencias a las EIAs presentadas por las empresas, respaldar a sus técnicos en lugar de condicionarlos políticamente, y encaminar estudios independientes. El proceso de revisión estatal debe ser más transparente, y con mecanismos de consulta ciudadana y asesorías generosas.

La desterritorialización

Otro importante foco de problemas observado en los países vecinos involucra la gestión territorial. Una vez que se autoriza la megaminería a cielo abierto, la mezcla entre altos precios internacionales y las necesidades financieras domésticas, hace que se desemboque en una avalancha de concesiones mineras. Por ejemplo en Perú, después del pico de concesiones entre 1997 y 1999, las autorizaciones pasaron de un poco más de 7 millones de hectáreas en el año 2000 a más de 21 millones en 2010. Si se suman las concesiones petroleras, se llega al impactante resultado de que aproximadamente el 75 por ciento de la superficie está concesionada a sectores extractivos.

Esto significa que el Estado cae en una desterritorialización, pierde capacidades de control sobre su propia geografía, desaparecen usos productivos tradicionales, y se generan severas distorsiones en los circuitos económicos regionales. Estos casos muestran que Aratirí no es solamente “un” emprendimiento, sino que su aprobación podría significar abrir las puertas a esa avalancha de concesiones.

Podemos preguntarnos si Uruguay cuenta con instrumentos de regulación territorial, y algunos responderían que la ley de ordenamiento territorial aprobada bajo la administración Vázquez, es la respuesta. Pero el problema es que esa norma es apenas un paso que ha dejado cuestiones prácticas sin resolver. Por si fuera poco, no contamos con instrumentos presentes en otros países, como Brasil, como evaluaciones ambientales regionales (que deberían cubrir varios departamentos), ni zonificaciones económico-ecológicas a escala nacional. Tampoco disponemos de evaluaciones estratégicas para sectores productivos, como energía, minería o aprovechamiento del agua, todos elementos claves en el caso de Aratirí.

Control y abandono

Una vez que las minas están operando, el control y la fiscalización aparecen como otra gran fuente de problemas en los países. El seguimiento ambiental diario se vuelve complejo, y casi siempre termina entreverado con el desempeño económico de la empresa o la excusa de mantener las fuentes de trabajo. Como casi no existen monitoreos independientes, la gente desconfía de los controles estatales, alimentando la protesta ciudadana. Uruguay no está inmune a esta problemática, y basta recordar que en 2006 se descubrió que la DINAMA no informaba de la contaminación costera por las descargas de la papelera de Juan Lacaze. Ese caso, junto a varios otros, vuelve legítima la necesidad de mejorar y transparentar el monitoreo ambiental de proyectos de gran riesgo.

Tampoco podemos olvidar que esos controles se deben extender por décadas después que la minera deja de operar. Allí quedarán las enormes canteras, las que a su vez generan otros problemas ambientales. No es nada infrecuente que las empresas se desentiendan de esa herencia. En Perú se han registrado al menos 5.500 “pasivos mineros”, donde muchos de ellos ni siquiera tienen una empresa que asuma su limpieza. Aquí se han mencionado apenas algunos problemas destacados. Estos y otros ejemplos enseñan que Uruguay está coqueteando con un emprendimiento de enormes impactos, donde sería indispensable ampliar y fortalecer su gestión ambiental antes de tomar alguna decisión.

Secciones tomadas del artículo en BRECHA, del 24 de junio de 2011.