LA CONTRADICCION DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA AMBIENTAL
La justicia ambiental es tanto local como nacional, y tanto nacional como planetaria. Es como que se dijera que los derechos humanos son sólo parte de una ciudadanía planetaria, y no deberían ser asegurados en cada municipio o dentro de cada país.
La necesidad de una justicia específica para proteger la naturaleza se hace cada vez más necesaria. Muchos ahora la reclaman, desde los militantes ambientalistas hasta el papa Francisco. Entre esas voces, el presidente de Ecuador lanzó la idea de una Corte Internacional de Justicia Ambiental. Seguramente es una propuesta que todos compartiríamos, pero que, en su formulación original, adolece de unos cuantos problemas que deben ser considerados. Reaccionando ante esta situación, lo que sigue es el texto de un artículo publicado originalmente por la revista Plan V de Ecuador.
Comencemos por dejar en claro que es muy importante que se presente la idea de una corte internacional para ventilar casos como delitos ambientales, persecución de ambientalistas, o destrucción de la Naturaleza. En ese sentido, la propuesta de Correa debe ser bienvenida. Esta tiene otra ventaja adicional, al promover un debate sobre los medios, la estructura y función de una corte de ese tipo.
Una rara corte ambiental internacional
Un primer paso es analizar en detalle la propuesta del presidente Correa. En el discurso ofrecido en la inauguración de una conferencia internacional sobre desarrollo sostenible, el pasado 29 de junio, ofrece un marco que repite muchas de las advertencias de los ambientalistas, algunas que tienen décadas por detrás, como el reconocimiento que el crecimiento económico es ecológicamente imposible, y otras más recientes, como el concepto de “deuda ecológica”. Está muy bien que un presidente mencione estos temas, aunque hubiera estado mejor si se citara el origen de esas posiciones en militantes y ONGs ambientalistas, las que son tantas veces criticadas desde Carondelet.
Tras enumerar los serios problemas ambientales que enfrentamos, el presidente Correa señala que para “que la institucionalidad internacional responda a estos problemas, debemos crear la Corte Internacional de Justicia Ambiental”. Sin dudas usted y yo estaremos de acuerdo con avanzar en ese sentido.
Pero enseguida se agregaron unas precisiones que son muy problemáticas. Correa afirma que esa Corte debería estar basada en “un tratado –vinculante- entre los países que estén dispuestos a avanzar seriamente en la lucha contra el cambio climático, básicamente a través de la justicia ambiental”. Se agrega que la “Corte debería establecer las obligaciones en cuanto a deuda ambiental, así como tipificar y sancionar delitos ambientales globales, que afectan a la humanidad entera”.
Allí hay un problema serio: es una Corte que sería “ambiental” pero que en realidad sólo estará enfocada en un problema ambiental, y esa cuestión es global (el cambio climático). Con ello quedan por fuera todas las cuestiones ambientales nacionales, desde la deforestación a la contaminación del agua, desde el deterioro de la biodiversidad en la Amazonia al ingreso de transgénicos, desde las amputaciones ecológicas de la megaminería al tráfico de desechos tóxicos.
Nos encontramos frente a una rara justicia ambiental ya que no se atenderían los impactos ambientales locales o nacionales, y estaría restringida a cuestiones planetarias. Pero, incluso a ese nivel, sólo se acepta abordar la cuestión del cambio climático, dejando de lado otros procesos planetarios (como la acidificación de los océanos o los desequilibrios en los ciclos de fósforo y nitrógeno). Correa agregó que “también es necesario caminar hacia una Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza”, para reforzar su llamado.
Aquí emerge una contradicción evidente: la justicia ambiental es tanto local como nacional, y tanto nacional como planetaria. Es como que se dijera que los derechos humanos son sólo parte de una ciudadanía planetaria, y no deberían ser asegurados en cada municipio o dentro de cada país. De la misma manera, los derechos de la Naturaleza siempre se expresan en una dimensión local, y como Ecuador ya los reconoce en la Constitución de Montecristi, no puede olvidarlos para esperar que sean consagrados a nivel planetario. Dicho de otro modo, los derechos de la Naturaleza y la justicia ambiental siempre tienen raíces locales. Afectan personas o comunidades específicas, atañen ambientes o paisajes precisos.
Proponer una corte en temas ambientales que sea internacional y que sólo atienda casos de cambio climático a nivel global, abre las puertas para que los gobiernos o los particulares sigan adelante con todos los impactos ecológicos nacionales y locales. Puede llevarse a la extinción de una especie o contaminarse un curso de agua, y como eso no contribuye al cambio climático planetario o no tiene claras implicancias globales, nunca sería tratado por una corte bajo de ese tipo.
Incluso asoma otro problema. Si se contara con una corte internacional para todos los tipos de problemas ambientales, seguramente casi todos los gobiernos latinoamericanos terminarían siendo demandados por los severos daños ambientales dentro de sus países. Por lo tanto, si el presidente Correa planteaba una adecuada corte ambiental global, no es descabellado afirmar que en un futuro cercano se elevaran demandas contra Ecuador.
Lo global para esquivar lo nacional
Como los gobiernos latinoamericanos, al igual que en otros continentes, no logran fortalecer buenas gestiones ambientales nacionales, padecen todo tipo de injusticias ambientales y ecológicas. Por ello, cada vez que quieren hablar de justicia ambiental sólo les quedan las cuestiones planetarias. Y como todos sabemos, negociar un tratado multilateral de ese tipo llevaría muchos años, y entretanto todos pueden seguir siendo extractivistas.
Esta huida de la justicia ambiental desde los compromisos nacionales hacia una escala planetaria menos exigente, no es nueva. El antecedente más importante se encuentra en el gobierno de Evo Morales en Bolivia. En efecto, en ese país es muy fuerte el discurso para proteger la Madre Tierra, promovido desde organizaciones indígenas y movimientos sociales, llegando a ser incorporado en el primer tramo del gobierno Morales.
La defensa de la Madre Tierra es siempre local, ya que ella se expresa en comunidades y marcos ecológicos específicos. Una salvaguarda en serio de la Madre Tierra hace imposible, por ejemplo, tolerar los impactos que se observan con algunos emprendimientos megamineros en Bolivia. Sin embargo, como todos sabemos, la administración Morales es fuertemente extractivista, y por ello la única salida que tenía era construir un discurso de la Madre Tierra que se desconectara poco a poco de los compromisos con las comunidades locales para enfocarse en la escala planetaria. La defensa de la Madre Tierra terminó pareciéndose a reclamar la protección de la biósfera, una prosecución de derechos para todo un planeta. De esa manera, se podrían lanzar toda clase de críticas contra el capitalismo internacional y el imperialismo, sin necesidad de revisar los efectos de los extractivimos dentro del país o de su inserción comercial como proveedores de materias primas para esos mercados planetarios.
Aceptando una justicia supranacional
Una vez más vale la pena recordar que es muy importante explorar la idea de una corte ambiental que sea internacional, y en eso Correa ha acertado. Esa medida tiene otras implicancias que también deben revisarse. Cuando se propone en serio un tribunal internacional, se está aceptando que habrá una corte con una jurisdicción por encima de la de Ecuador y de otros países.
Si el plan de Correa tuviera éxito, podría suceder, por ejemplo, que los ambientalistas que defienden el Yasuní demanden al gobierno ecuatoriano ante esa corte internacional por haber permitido la explotación petrolera en esa región, al entender que eso violó los derechos de la Naturaleza en la Amazonia. Y los jueces de ese tribunal global podrían sancionar al gobierno ecuatoriano por sus incumplimientos en esa materia. Ahora bien, justamente este tipo de mecanismos es fuertemente combatido por el gobierno Correa en el ámbito de los derechos ciudadanos.
No se entiende cómo se propone una corte internacional para la problemática ambiental, mientras una y otra vez se critica al sistema interamericano de derechos humanos, y se intenta cambiarlo. Reacciones similares se repiten en otros países. Un caso reciente, cercano a esta problemática, fueron las represalias y críticas del gobierno brasileño cuando fue observado desde el ámbito supranacional del sistema interamericano, por la construcción de represas en la Amazonia. En general, a los gobiernos latinoamericanos no les gustan los tribunales internacionales, y menos aún que los grupos ciudadanos pueden elevar allí sus demandas.
Una justicia ambiental imposible bajo los extractivismos
Ya sabemos que los gobiernos latinoamericanos, especialmente los progresistas, esquivan todas estas contradicciones insistiendo en que son indispensables los extractivismos para luchar contra la pobreza y asegurar el desarrollo. Agregan que los extractivismos no tendrían impactos, o si ocurren son pequeños y manejables, o en todo caso se los puede compensar. El discurso de Correa citado antes está repleto de reflexiones en ese sentido.
El problema es que el gobierno Correa, al igual que en los países vecinos, cree que esa necesaria meta se logrará mediante una masiva extracción de recursos naturales para ser exportados. Por lo tanto, el bienestar de la población queda supeditado a muchos pasos intermedios, que van desde las condicionalidades de inversores, la subordinación comercial global, instalar mecanismos que puedan capturar al menos parte de la riqueza de esas exportaciones, y finalmente, que el Estado sea honrado, efectivo y ejecutivo en la redistribución de esos beneficios para que lleguen a la gente. Todo ese andamiaje también descansa en minimizar los impactos sociales y ambientales de los extractivismos, o traspasar sus costos a la sociedad o hacia el futuro. La historia muestra que esas etapas intermedias y los efectos de la extracción hacen imposible llegar a esa meta, y por ello que nuestros países siguen siendo extractivistas, sin resolver de raíz la pobreza y padeciendo duros daños ambientales. Son esos impactos los que hacen crecer las demandas por la justicia ambiental. Pero como los gobiernos no pueden atenderla adecuadamente, porque eso los llevaría a detener su propios extractivismos, sólo les queda enfocarse en las discusiones globales.La
Hasta que no se entienda que la justicia ambiental, enfocada en la calidad de vida de las personas, y la justicia ecológica, que salvaguarda los derechos de la Naturaleza, siempre parte desde las escalas locales, hasta que eso no se comprenda, no se resolverán los problemas de fondo.
Publicado originalmente en Plan V (Ecuador), el 13 de julio 2015.