LOS EXPERTOS, DOS ECONOMIAS Y UNA AMAZONIA

Las polémicas en el campo de los “saberes expertos” están ganando intensidad con la llegada de académicos, técnicos e intelectuales, que brindan nuevas justificaciones conceptuales para resoluciones gubernamentales. La polémica sobre la explotación de petróleo en la región de Yasuní (Ecuador), ofrece un caso donde se dieron vueltas ideas, se invirtieron corrientes académicas, y se estigmatizó a unos cuantos, para defender la petrolización amazónica. Comparto una reflexión sobre este asunto, publicada en La República (Quito).
En las discusiones sobre las estrategias de desarrollo en general, y de los extractivismos en particular, siempre fueron importantes los aportes de técnicos, académicos y otros intelectuales. Ellos actúan desde lo que podría denominarse como “saber científico” o “saber de los expertos”. Muchos científicos han acompañado por décadas a las organizaciones ciudadanas contribuyendo con alertas en temas tales como los impactos en la salud y el ambiente de algunos agroquímicos como el DDT, o dejando en claro las pérdidas en biodiversidad por la deforestación. También es cierto que hay otros académicos que, por el contrario, defendían a gobiernos y empresas. De esa manera, los saberes expertos se colaban en los debates públicos, dejando en claro que no son neutros y deben ser analizados en sus propias tensiones.

Esas conocidas dinámicas están cambiando en América Latina con la irrupción de intelectuales que ahora han pasado a defender muy activamente las decisiones gubernamentales. Me apresuro a aclarar que eso no tiene nada de malo, y al contrario, esa mayor participación es bienvenida. En cambio, entiendo apropiado discutir los modos por los cuales se hacen esas defensas. Uno se encuentra con justificaciones de medidas difícilmente defendibles, apoyos que en un día van en un sentido pero que si el gobierno cambia de dirección también le siguen con virajes radicales, raras reformulaciones teóricas para sostener dichos presidenciales, y así sucesivamente. En vez de ajustar las medidas gubernamentales a los mejores saberes científicos, parecería que en algunos ocurre la inversa, y se toquetean informaciones y conceptos para terminar justificando esas decisiones. Es en los extractivismos y en la apropiación de la Naturaleza donde esto está quedando muy en evidencia.

Petróleo y derechos

Seguramente los debates más intensos en este campo están en marcha en Ecuador, a raíz de la decisión del presidente Rafael Correa de cancelar la moratoria petrolera dentro de la zona del parque nacional Yasuní. Más allá de las posturas personales frente a esa medida, a su alrededor se expresan esos reacomodos desde los saberes expertos.

Uno de los ejemplos más llamativos en defender esa decisión presidencial es planteado por Alfredo Serrano, un economista español que trabaja en algunos países sudamericanos. Es muy provechoso analizar con detenimiento sus posturas, ofrecidas en un artículo para TeleSur (y repetida parcialmente en otras intervenciones; 1). Serrano defiende a Correa concibiendo a la iniciativa Yasuní más o menos en los mismos términos en que lo hacía el presidente: Ecuador le “pedía al mundo que pagara una contribución por el servicio ambiental de la Amazonía para el mundo”, y como esos dineros no se consiguieron, ahora se podía explotar el crudo, y la culpa sería de los demás países.

Comencemos por precisar que ese punto de partida es equivocado, ya que distorsiona la esencia de la iniciativa y su origen. En realidad, la moratoria de explotar petróleo posee una amplia y fuerte legitimación constitucional. Es necesario hacerlo porque se debe asegurar la protección en parques nacionales, salvaguardar indígenas en aislamiento, atender los derechos ambientales clásicos así como los derechos de la Naturaleza, todo ello reconocido en la Constitución de Montecristi. Aquí no tiene nada que ver si ese sitio le brinda o no un “servicio ambiental” al resto del planeta, sino que debe ser defendido como parte del propio patrimonio ecológico ecuatoriano y sus pueblos indígenas. Esto no implica rechazar la búsqueda de nuevas vías de apoyo financiero, las que inicialmente apostaban a la solidaridad y corresponsabilidad. Pero lo que no analiza Serrano es que, con el paso del tiempo, el gobierno cambió aquel propósito por otro enfocado en un reclamo de “compensación” económica, y en lugar de atender la protección amazónica pasó a enfocarse en el cambio climático. Como he indicado en otros sitios, un país no puede pedir una compensación a otras naciones por cumplir lo que le obliga su propia constitución.

Esa desatención sobre puntos fundamentales como los mandatos constitucionales o sobre el sentido original de la propuesta, que aparece en Serrano y en otros analistas, ¿se debe a una limitación académica? ¿Olvidaron el contenido de la Constitución? Es difícil saberlo. Pero más allá de eso, si el propósito primario no es analizar sino defender, entonces no tienen otra opción que hacer a un lado el mandato ecológico de Montecristi, para no señalar las responsabilidades del propio gobierno y achacarlas, en cambio, a la comunidad internacional. Si esto es así, se puede caer en saberes expertos parcializados, que hurgan solamente en los temas que son funcionales a las posturas gubernamentales, pero sin tocar otros flancos.

Dando vuelta a dos economías

Es muy interesante que Serrano para defender la decisión de Correa pase a diferenciar entre “economía ambiental” y “economía ecológica”. La economía ambiental se enfocaría en valorar al ambiente en dinero, y por lo tanto se vuelve funcional al capitalismo, y que a criterio de Serrano, estaría al servicio del neoliberalismo. En cambio, la “economía ecológica” que se apartaba de ese reduccionismo por tener una visión integral de relacionamientos estrechos entre sociedad y naturaleza, también según Serrano.

Dejo al margen precisiones sobre esas distinciones, ya que lo importante aquí es rescatar que Serrano afirma dos cosas: Una es que la decisión gubernamental de explotar petróleo en Yasuní sería expresión de una supuesta relación armoniosa con la naturaleza, estaría enfocada en la “economía ecológica”, y por si fuera poco, serviría para salir de la pobreza. La otra es que aquellos que critican esa decisión, a quienes califica como “neo-ecologistas”, son quienes olvidaron la “economía ecológica”, a las cosmovisiones indígenas, y serían por lo tanto expresiones de la conservadora “economía ambiental”.

Este es un análisis que encierra muchos problemas, ya que un examen desapasionado de la situación lleva a conclusiones esencialmente contrarias. En efecto, la decisión del gobierno Correa no sólo es ajena a la “economía ecológica”, sino que ni siquiera llega a ser un ejemplo de “economía ambiental”. Es todavía peor, ya que expresa una condición todavía más primitiva de una economía que no toma en cuenta los costos ambientales.

Si se siguiera el espíritu de la economía ambiental, el gobierno ecuatoriano debería haber calculado el costo en dinero de los impactos sociales y ambientales de la explotación en la Amazonia, para así poder llevar adelante un balance costo / beneficio. De un lado de la balanza estaría lo que espera ganar por exportar hidrocarburos, y del otro, los costos de operación, las tecnologías de minimizar riesgos que dicen que usarán (que son muy caras), el valor económico asumido para la pérdida de biodiversidad, el desplazamiento de indígenas, etc. Hasta donde puede saberse, una contabilidad de ese tipo no ha sido presentada a la opinión pública, no estaría entre los informes de los asambleístas, ni han sido publicados en detalle por la prensa (2). Esta es una situación común en muchos los gobiernos, donde cada vez que se justifica un emprendimiento extractivista siempre es un “buen negocio”, sin contabilizar sus impactos negativos.

Como vemos, no hay evidencia que la decisión de Correa corresponda a una economía ambiental, y en cambio se basa en procedimientos ortodoxos típicos de la vieja economía. Es una postura económica típica de décadas atrás, previa a cualquier mirada ambiental.
Por otro lado, una vez más al contrario de lo que indica Serrano, son las organizaciones ciudadanas e indígenas las que exhiben posturas de una “economía ecológica”. Esto se debe a que esos actores sociales sostienen que la naturaleza amazónica y sus indígenas no pueden ser contabilizados económicamente, y deben ser atendidos mediante otro tipo de valoraciones. Esa es la esencia de la “economía ecológica”. Es exigir la protección de un sitio independientemente de las expectativas de ganancias económicas, al hacer visibles otros valores, como los culturales, paisajísticos o ecológicos.

Por lo tanto, un análisis riguroso muestra una situación que es casi la inversa de lo que defiende Serrano. Esto indica que se están confundiendo esas dos corrientes de la economía, o que no hay más remedio que invertirlas al ser una de las pocas vías posibles para defender públicamente la decisión presidencial.

Estigmatizar el debate

Al defender la decisión de petrolizar el Yasuní, Serrano también da unos pasos adicionales en críticas a quienes se oponen a esa decisión, calificándolos como “neo-ecologistas”. De la lectura de su artículo se transmite la imagen que ser “neo-ecologista” es algo muy malo, y ellos no tendrían que ver con la economía ecológica ni con las cosmovisiones indígenas.

Una vez más aquí aparecen unos cuantos errores académicos básicos. Como ya se dejó en claro arriba, buena parte de la oposición a explotar el Yasuní se basa en razonamientos propios y típicos de la “economía ecológica”. Por otro lado, hay una enorme cantidad y diversidad de organizaciones indígenas que invocan sus cosmovisiones para oponerse a la llegada de las petroleras. Ninguno de los dos son “neo”, ya que la defensa indígena de territorios o el llamado a múltiples valoraciones tienen largas historias por detrás, y ni siquiera la mayoría que así se expresan son “ecologistas”, en tanto hay grupos que defienden, por ejemplo, los derechos humanos.

Tampoco puede dejarse pasar que un análisis independiente mostraría que la insistencia gubernamental en explotar ese petróleo, donde se prometen enormes compensaciones monetarias a grupos indígenas para tener sus permisos, lo que hace es erosionar y carcomer sus visiones ancestrales desde una cruda mercantilización. Entonces si hay algo que está distante de esos mundos indígenas es precisamente petrolizar el bosque amazónico y ofrecer dineros a cambio.

Cambiar la teoría para justificar las prácticas

Como resumen de la situación, la decisión de la administración Correa de cancelar la moratoria petrolera en Yasuní más allá de ser controversial, está basada en una base conceptual propia de una economía convencional. No es un ejemplo de una postura económica de una izquierda renovadora, o de una economía heterodoroxa. Como ese tipo de medidas económicas contradicen la autodesignación de izquierda revolucionaria de esa administración, para sostenerlas no hay más remedio que elaborar nuevas justificaciones académicas. Se vuelve necesario contar con una nueva corriente de saberes expertos para los cuales la petrolización de la Amazonia pueda ser “des-ecologizada”, perdiéndose la noción de los impactos ambientales, volviendo esa medida no sólo aceptable, sino también necesaria, para poder ser encapsulada dentro del progresismo.

Las duras defensas conceptuales de medidas tan controversiales expresan la nueva situación sobre los saberes expertos. Es cierto que tradicionalmente se espera que el “saber experto” sea independiente y permita ver aquello que no es evidente, antes que ser funcional a gobiernos o empresas. Pero esta situación es valiosa en tanto obliga a discutir, debatir y polemizar de mejor manera, con más rigor, con más información. Es una oportunidad para construir mejores alternativas, con bases conceptuales más fuertes, y sin olvidar los compromisos con la sociedad y la Naturaleza.

Referencias
1. A. Serrano, Correa no tiene la culpa, 2013, en: http://www.telesurtv.net/articulos/2013/08/23/correa-no-tiene-la-culpa-8269.html
2. Por ejemplo, el informe del Ministerio Coordinador de Política Económica sobre Yasuní lista entre los costos únicamente los de “operación” e “inversión”; ver Impacto macroeconómico de la explotación petrolera en el 0.1% del Parque Nacional Yasuní, Oficio MCPE-DM-C-2013-026, 2013.

El artículo original fue publicado en La República (Ecuador) el 30 octubre 2013, y se puede leer aquí…