MAS QUE UNA MULTA, ¿UN CAMBIO EN LAS POLITICAS AMBIENTALES DE URUGUAY?

Acaba de ocurrir uno de los hechos más importantes en la política ambiental de Uruguay de los últimos años. Un gobierno municipal (conocidos como intendencia), aplicó una multa millonaria por contaminar con agroquímicos. Es un ejemplo impactante frente a la larga historia de inoperancias y perdones frente a los impactos ambientales, pero ojalá marque un cambio de rumbo.

En efecto, según la información de prensa, el gobierno municipal de Canelones logró la autorización para multar a tres productores rurales por diversos incumplimientos ambientales y en un caso alcanzó el millón de dólares. Es posiblemente la sanción ambiental más costosa que se aplica en Uruguay en los últimos años.

El monto de las sanciones necesitaba de la aprobación de la Junta Departamental de Canelones al exceder al superar el límite de 210 unidades reajustables, y ello se logró días atrás, con votos de la bancada del Frente Amplio y de algunos ediles del Partido Nacional. El caso más significativo es con un productor de Paso Picón, que ha sido sancionado repetidamente por fumigaciones desde el aire que afectan a la salud de los pobladores cercanos y al ambiente. Una situación que tiene una larga historia y donde el responsable persistía con esas prácticas. En su caso se suman varias multas (por ejemplo una por 15 mil unidades reajustables, otras por 10 mil), lo que suma un poco más del millón de dólares.

El segundo caso responde a una desecación parcial de humedales en la Laguna del Cisne, con una multa de un poco más de US$ 600 mil. El tercer productor, de Las Brujas, fue multado por la tala ilegal de bosque nativo sobre el Río Santa Lucía.

En esta nota no me enfocaré en el caso particular de esos productores rurales, sino en el sentido que tiene este cambio en las políticas ambientales uruguayas. Es que estamos ante un giro de importancia fenomenal, que debe ser felicitado y apoyado.

En la tradición de nuestra gestión ambiental era frecuente que cuando se confirmaban incumplimientos ambientales, las sanciones no se aplicaban o se perdonaban las multas. Era una práctica repetida por el gobierno nacional como por municipios. Recordemos, por ejemplo, que ante la contaminación de la cuenca del Río Santa Lucía, nuestro ministerio reconocía que de 23 industrias controladas, 9 de ellas no cumplían las exigencias ambientales. La ministra del ambiente marcaba la actitud gubernamental diciéndole a la prensa que prefería educar a las empresas ante que sancionarlas. Y en el pasado reciente, la Intendencia de Montevideo perdonaba sanciones de unos grandes contaminadores invocando la necesidad de salvaguardar emprendimientos productivos.

En contraste con esto, existe una amplia evidencia que muestra que las multas son un instrumento clave para encauzar la gestión ambiental, tanto de individuos como empresas. No son las únicas herramientas, pero son importantes. Sus objetivos son incidir en el comportamiento del agente que causa el impacto, obtener los fondos necesarios para la reparación de los afectados (por ejemplo, cuando se afecta la salud de las personas), o para la restauración ambiental.

Son instrumentos presentes en varios países. Un vistazo a las naciones vecinas permite compartir ejemplos ilustrativos. En Argentina, pongamos por caso, ante una tala ilegal de bosque nativo en una localidad en el norte del país, se elevó una demanda por más de 170 millones de pesos argentinos (aproximadamente US$ 2,5 millones). El objetivo es que con ese dinero se pueda recomponer el daño ecológico. Como resultado del derrame de cianuro de la minera Barrick Gold, en los Andes argentinos, pocos meses atrás, la provincia de San Juan le aplicó a esa empresa una multa de 145 millones de pesos argentinos (un poco más de US$ 2 millones) mientras que nueve de sus ejecutivos fueron procesados por la justicia.

También de multas que después son perdonadas. En Perú, la petrolera Pluspetrol Norte que contaminó con crudo repetidamente la selva amazónica, fue multada por el equivalente a unos 25 millones de soles (aproximadamente US$ 7,5 millones). Pero el gobierno, en 2015, perdonó esas sanciones.

Si las multas ambientales tienen un valor bajo o son perdonadas, el instrumento pierde su sentido. Para que sea efectiva la sanción debe tener un valor significativo. Si no es así, y el monto es muy bajo, se sabe que habrá emprendimientos que estarán dispuestos a pagar todas las multas que sean necesarias ya que eso les resulta comparativamente barato. Una deformación que podría titularse «pagar para seguir contaminando». Esa preocupación estuvo detrás del caso en Canelones, ya que ese productor rural tenía multas previas, con cifras menores, y volvía a repetir las fumigaciones. La nueva sanción seguramente apunta a evitar esa limitación.

Tampoco puede sorprender que este cambio de actitud con las multas partiera de una intendencia, en este caso de la de Canelones. En efecto, la experiencia comparada muestra que en general los gobiernos nacionales tienden a perdonar las sanciones a grandes emprendimientos económicos, pero los gobiernos departamentales como son los primeros en lidiar con sus impactos ambientales a veces son más rigurosos. Hay una asimetría evidente. Es la gente de cada lugar la primera en notar la contaminación, en observar la destrucción de la Naturaleza o en percibir la pérdida de la fauna y flora nativa. Y por lo tanto, inicia los reclamos ante sus municipios.

Esta asimetría encierra riesgos que deben señalados. Es que puede caerse en una situación donde habrá intendencias más rigurosas en los controles y sanciones ambientales, y otras que lo serán menos. Las empresas involucradas en proyectos de alto impacto rápidamente reconocen esa situación, y tienden a mudarse a los sitios donde existan menos posibilidades de ser sancionados. Puede haber algún gobierno departamental tan necesitado de inversiones que aceptaría la contaminación, y se cae así en una competencia hacia abajo en los controles sobre el entorno. Es por eso que es necesario el concurso del gobierno central de manera de evitar una carrera hacia menores estándares y, en cambio, asegurar que las exigencias ambientales sean similares en todo el país.

Otro aspecto a considerar con la aplicación de multas y tasas es evitar quedar atrapados en otro problema: que se convierta en una fuente de recursos financieros. La aplicación de ese instrumento económico cuando es usado correctamente busca evitar que el impacto ambiental se repita. Si la gestión ambiental es exitosa deberían desaparecer las multas por incumplimientos. No pueden convertirse en un modo de recaudar dineros, cobrando una y otra vez multas, sea por intendencias o gobiernos centrales.

Finalmente, los dineros de esas multas y otras sanciones deben estar específicamente enfocados en la reparación del daño ecológico y la restauración ambiental. No son dineros para pagar funcionarios, muebles, camionetas, etc. Son fondos que, por ejemplo, deben estar destinados a los gastos de salud de quienes fueron contaminados, a las obras para limpiar las aguas de un arroyo, o para reforestar los sitios talados.

Estamos, por lo tanto, frente a un cambio que puede ser sustancial en la gestión ambiental uruguaya. Como toda vez que se innova en Uruguay, habrá quienes criticarán la medida tomada por Canelones, pero sin duda la salud de sus habitantes y la calidad de su ambiente, ameritaban dar estos pasos. Estuvo muy bien hecho y ojalá otras intendencias sigan el mismo camino.

Publicado originalmente en la columna de Eduardo Gudynas en Montevideo Portal (Uruguay), el 15 agosto 2016.