PROGRESISMO Y AMBIENTE EN SUDAMERICA

«Progresismo y ambiente en América Latina – Verdes y Maduras» es un breve artículo periodístico que acabo de publicar en el semanario Brecha de Montevideo. El texto:

En los países sudamericanos bajo gobiernos de izquierda el tema ambiental aparece de variadas formas, contradictorias y tensionadas. Desde los “derechos de la naturaleza” en Ecuador, a las posturas despectivas de Lula da Silva sobre los bagres amazónicos, el progresismo enfrenta muchas dificultades para abordar los temas ambientales. En el fondo, son las estrategias de desarrollo las que están en entredicho.

Durante años, los partidos políticos de izquierda y una buena parte de las organizaciones ciudadanas preocupadas por los temas ambientales, mantuvieron relaciones estrechas. Muchas veces se miraban con simpatía, se apoyaron algunos contenidos ambientales en las plataformas electorales, pero poco a poco la temática ambiental se está empantanando.

Algunos ejemplos de los que sucede bajo el progresismo gobernante en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela muestran la complejidad de esta relación. En Venezuela, la nueva constitución bolivariana mantuvo la perspectiva tradicional que plantea el derecho al ambiente sano como parte de los derechos de tercera generación, junto a los económicos, culturales y sociales. En Bolivia, también se invocan los derechos a la calidad ambiental, pero la constitución agrega un énfasis inesperado al indicar que uno de los mandatos para el Estado es la “industrialización de los recursos naturales”. Esto constituye un paso atrás en el abordaje de los temas ambientales, debido a que distintas medidas de protección del entorno podrían ser declaradas como inconstitucionales al poner en entredicho esa industrialización de la naturaleza. Ninguna constitución de América Latina presenta un mandato de ese tipo.

La nueva Carta Magna ecuatoriana, en cambio, apunta casi en la dirección contraria, ya que además de reconocer los derechos a un ambiente sano, es la primera en presentar los derechos propios de la naturaleza. En ese plano, Ecuador se ha convertido en un ejemplo a nivel mundial al reconocer los valores intrínsecos del ambiente como independientes, por ejemplo de su utilidad económica.

LAS POLÍTICAS.

Las políticas ambientales, incluyendo tanto las normas como la institucionalidad que promueven los gobiernos progresistas, también se observan situaciones muy diversas. En Chile, la administración de Michele Bachelet fortaleció la institucionalidad ambiental, creó el Ministerio del Ambiente, tiene encaminada una nueva ley marco, y es un raro caso donde una evaluación ambiental impidió la construcción de nuevas represas. En cambio, en los demás países progresistas, las evaluaciones ambientales casi siempre aprueban megaproyectos de ese tipo.

En Bolivia, Evo Morales comenzó por desmembrar el ministerio encargado del área ambiental, se generó un cierto caos institucional, hasta que como consecuencia de la nueva Constitución se creó un Ministerio de Medio Ambiente y Aguas.

En Brasil, se enfrentan fuertes tensiones debido a la proliferación de grandes emprendimientos con altos impactos ambientales. Entre ellos se encuentran la pavimentación de carreteras dentro de la Amazonia, el trasponer las aguas del río San Francisco hacia zonas áridas del nordeste, o un conjunto de represas en el río Madeira. El gobierno de Lula ha empujado esos y otros proyectos, con un costo político importante (incluso perdiendo integrantes clave en el Partido de los Trabajadores), desmembró la agencia ambiental federal, y ahora apunta a “flexibilizar” las evaluaciones y exigencias ambientales.

En Ecuador, las decisiones ambientales de Rafael Correa están recibiendo creciente oposición. Las reacciones comenzaron contra la nueva ley que promueve la explotación minera a gran escala, las normas sobre soberanía alimentaria, y ahora se centran en un proyecto normativo sobre el agua. Algo similar sucede en Argentina, donde bajo la administración de los Kirchner, por ejemplo, se vetó la protección de los glaciales andinos y ha promovido la minería.

EL PAPEL DEL ESTADO Y LA SOBERANÍA SOBRE LA NATURALEZA.

Una preocupación que se repite en casi todos los gobiernos progresistas es reforzar o retomar el control y uso estatal sobre los recursos naturales. La forma en que esto se aplica encierra efectos tanto positivos como negativos. Entre los primeros está la recuperación de la soberanía sobre la naturaleza, y entre los segundos, el aprovechamiento de esa mayor presencia estatal para flexibilizar las exigencias ambientales en busca de atraer inversiones o promover proyectos productivos. Bajo esos claroscuros, casi todos los gobiernos progresistas defienden un discurso de recuperación soberana de los recursos naturales y alertan sobre la extranjerización.

En Uruguay parecería que la tendencia es otra. Una de las consecuencias del conflicto alrededor de la pastera Botnia ha sido insistir en un mensaje donde esa empresa, o “los finlandeses”, ofrecen mejores seguridades de calidad ambiental. En más de una ocasión, el candidato del Frente Amplio José Mujica se ha manifestado en esa dirección; días atrás sostuvo que las “aguas están a cargo de los finlandeses” y “no de la ‘eficiencia’ uruguaya o argentina”, y que ellos “las cuidan más que nosotros”.

Estas ideas apuntan a aceptar una cierta incapacidad estatal para ser eficientes en el control ambiental y conceder la transferencia de esas competencias a empresas extranjeras. Es como afirmar que la salud pública debería ser manejada por BlueCross & BlueShield porque tiene mejores resultados con sus pacientes, o abandonar el Banco Central uruguayo y dejar que las decisiones económicas estén en manos del banco privado que tuvo el mejor desempeño en la actual crisis global.

La persistencia de muchos problemas ambientales ha hecho que reaparecieran las protestas ciudadanas frente a casos de contaminación o destrucción de áreas naturales. Los gobiernos progresistas reaccionaron a la defensiva: el ecuatoriano Correa ha calificado de “izquierda infantil” a los ambientalistas, Lula da Silva más de una vez ha dicho que está cansado de estos cuestionamientos, y Evo Morales asegura que el “desarrollo sostenible”, que busca la incorporación de la temática ambiental, es una invención neoliberal.

En la vereda de enfrente hay de todo: desde líderes ambientalistas que critican ácidamente a los gobiernos progresistas a otros que se resignan a admitir que con las administraciones conservadoras la situación posiblemente sería peor.

DESARROLLO Y POSDESARROLLO.

Muchos debates actuales se deben a que los gobiernos progresistas, más allá de sus diferencias, reproducen un estilo de desarrollo basado en exportar sobre todo materias primas y dependientes de la inversión extranjera. Esto implica una alta presión sobre los recursos naturales, y por lo tanto una multiplicación de los impactos ambientales. Por ejemplo, la expansión sojera en el centro de Brasil ha desembocado en que desapareciera casi la mitad de las savanas del Cerrado, una de las regiones ecológicas más grandes del continente. Pero como prevalecen las metas económicas, las medidas ambientales han terminado siendo vistas como trabas potenciales a la inversión o las exportaciones, y eso ha derivado en que los gobiernos progresistas no fortalecieran la agenda ambiental. La defensa de ese desarrollismo explica, por ejemplo, que Lula da Silva ironice con que la protección de los bagres del río Madeira le impide construir represas. A su vez, los gobiernos de izquierda usan parte de los excedentes generados bajo el estilo de economías basadas en materias primas para alimentar sus programas sociales, lo que genera una importante base de apoyo político más allá de los costos ambientales.

Por lo tanto este debate sobre economía y ecología, es clave. En algunos países no tiene muchas posibilidades de avanzar, como sucede en Bolivia, ya que la nueva constitución está volcada a “industrializar” los recursos naturales. Pero ha florecido en Ecuador gracias a sus innovaciones constitucionales. Allí se analizan desarrollos pospetroleros, lo que significa postular opciones futuras que no dependan de las exportaciones de unas pocas materias primas.

Las diferentes corrientes ambientales ponen en cuestión esas estrategias simplistas de desarrollo. No postulan una naturaleza intocada, sino que denuncian la destrucción de ese marco ecológico y la persistencia de la pobreza. Por lo tanto, los nuevos debates buscan un uso responsable de los recursos naturales para, en primer lugar, atender las propias necesidades de calidad de vida, preservar el patrimonio ecológico, y poner bajo control social tanto al Estado como al mercado.

Recuadro: Galeano y la naturaleza
Cuando en Ecuador el tema de los derechos de la naturaleza estaba en pleno debate en la Asamblea Constituyente, Eduardo Galeano publicó una contratapa en Brecha defendiendo esa idea (18-IV-08). Ese artículo tuvo un efecto impactante entre muchos asambleístas de distintas tendencias políticas, y convenció a numerosos escépticos. Aquel aporte fue decisivo para mover la balanza hacia la aprobación definitiva de una constitución de vanguardia en temas ambientales. Un ejemplo del poder de la palabra, y de la sensibilidad de muchos oídos.

Reproducido de Brecha, Montevideo, 2 octubre 2009.-